Abad advirtió el costo fiscal de la modificación sancionada en Diputados

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, comparó en el Senado la modificación del impuesto a las Ganancias que sancionó la Cámara baja y la propuesta del Poder Ejecutivo que Diputados desechó, al advertir que la oficial tiene un costo fiscal bruto muy inferior al que impuso la oposición.

De hecho, Abad indicó a los miembros de la comisión de Presupuesto y Hacienda que analiza el proyecto en revisión que "el costo fiscal bruto del proyecto del Poder Ejecutivo es de 49.550 millones de pesos y el del aprobado en Diputados, de 132.541 millones".

El administrador del fisco precisó a los senadores que el número final de la baja de impuesto al juego, según la propuesta del Ejecutivo, supone una recaudación de 8.900 millones de pesos, y el que consensuó la oposición en Diputados, de 557 millones. 

Además, aclaró que "en el impuesto a las apuestas, el proyecto aprobado en Diputados lo único que grava son las plataformas digitales habilitadas".

Por otra parte, el titular de la AFIP advirtió que "el costo fiscal bruto para los empleados, según el proyecto del Ejecutivo, es de 45.850 millones de pesos", en tanto que para el proyecto con media sanción dijo que implica "un costo de 121.520 millones de pesos".

En su exposición, Abad aclaró a los senadores que "estas modificaciones nosotros también las recibimos el miércoles" -el martes pasado a la medianoche la sancionó Diputados- y contó que "costó trabajo" poder "identificar un número que sea responsable. Creo que hemos hecho los mejores esfuerzos en ambos sentidos".

Incluso, confesó que establecer "el costo fiscal bruto total, es un cálculo gigantesco" y supuso "para los funcionarios públicos que tuvieron que trabajar en todo esto fue un ejercicio de creatividad".

Abad precisó que respecto a la imposición por Ganancias al rendimiento de plazo fijos, Lebac y fondos comunes de inversión que estima el proyecto aprobado en Diputados, en lo que va del año "se aplicaron medidas con relación a este impuesto que implicaron un costo de 56.960 millones", e insistió en que "el foco central de hoy va a estar en tratar de determinar el costo fiscal asociado a cada una de las propuestas".

La senadora neuquina Lucila Crexell (MPN) le preguntó a Abad si el proyecto sancionado en la Cámara baja "cumple con la progresividad" declamada, a lo que el administrador fiscal reconoció que "en parte sí".
Además, Crexell quiso saber sobre el 33 por ciento como tope de la confiscatoriedad impositiva, a lo que Abad respondió que eso no se mide "por impuesto sino por el total de impuestos que afecta a un contribuyente".