La Prensa

A 22 años del caso de corrupción IBM-DGI, ordenan una vez más llevar adelante el juicio

El miércoles, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal decidió revocar la decisión del Tribunal Oral Federal 3 que el 9 de mayo de 2016 había resuelto declarar "extinguida por prescripción" la causa contra una decena de imputados, entre los cuales esta el ex funcionario Ricardo Cossio y el empresario Juan Carlos Cattaneo.

La Cámara Federal de Casación ordenó llevar adelante el juicio por el escándalo IBM-DGI, una causa de corrupción durante el menemismo que investigó el pago de sobreprecios por unos 120 millones de pesos-dólares en 1994.

El miércoles, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal decidió revocar la decisión del Tribunal Oral Federal 3 que el 9 de mayo de 2016 había resuelto declarar "extinguida por prescripción" la causa contra una decena de imputados, entre los cuales esta el ex funcionario Ricardo Cossio y el empresario Juan Carlos Cattaneo.

En el caso se investiga el pago de sobreprecios por el Estado Nacional de aproximadamente 120 millones de pesos relacionados con la contratación de servicios informáticos que celebró la DGI con la firma IBM Argentina SA en 1994. 

Cuando Cossio estaba al frente de la DGI, el organismo contrató a la empresa IBM para montar dos sistemas informáticos: el tributario y el de jubilaciones y pensiones, pero aunque el contrato era de poco más de 500 millones de dólares, se comprobó que el Estado pagó por él un sobreprecio de 120 millones, según una pericia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Los acusados son Cossio, Daniel Carlos Hurrel, Ricardo Orfidio Martorana, Gustavo Adolfo Soriani, Eduardo Vicente D´alessandro, Carlos Gustavo Krieger, Antonio Altieri, Felix De Barrio, Eduardo Novillo Astrada, Juan Carlos Cattaneo y María Eugenia Dallorso y están acusados de defraudación contra la administración pública.

El juicio iba a empezar el 22 de octubre de 2015, pero una semana antes hubo que suspender el debate dado que el TOF 3 se quedó sin sus jueces titulares por renuncia y los magistrados subrogantes que deben reemplazarlos todavía no habían jurado en sus cargos.

En ese marco, las defensas plantearon que la acusación en su contra debía caer por el paso del tiempo.
Desde esa perspectiva, "el auto de citación a juicio fue 2 de marzo de 2009) y el 2 de marzo de 2015 operó el término prescriptivo computable (6 años), sin que se haya dictado sentencia condenatoria".

Sin embargo, la fiscal general Gabriela Baigún apeló la decisión, junto a la Oficina Anticorrupción, al entender que los plazos se habían extinguido y que, en todo caso, "la acción prescribiría el 13 de febrero de 2020" a raíz de la fecha en la que se llamó a juicio.

Tanto el juez Gustavo Hornos como el juez Juan Carlos Gemignani coincidieron esta semana en que el caso no estaba prescripto, e incluso el segundo magistrado insistió en su criterio sobre que "los delitos de corrupción son imprescriptibles".

Además el juez Mariano Borinsky rechazo además los argumentos de las defensas diciendo que "la duración de este proceso ha sido irrazonable" porque "no se ha motivado adecuadamente que el tiempo transcurrido desde que se dio inicio a las presentes actuaciones haya constituido una demora que implique un retardo injustificado por parte de la administración de la justicia".