Cristina y Lázaro Báez unidos para desplazar a Stolbizer de la causa Hotesur

La ex presidenta Cristina Fernández y el detenido empresario Lázaro Báez se unieron para intentar apartar de la causa Hotesur a la diputada que impulsó la causa, Margarita Stolbizer, quien interviene en el caso como "amicus curiae" (amigo del tribunal).

Según trascendió en Tribunales, la defensa de Báez apeló la decisión de haber aceptado a Stolbizer como "amicus curiae" (participación como tercero ajeno al pleito) en el expediente donde se investiga a la ex presidenta y a su familia por presunto lavado de dinero a través de sus hoteles, alquilados a firmas del empresario preso.

El juez Julián Ercolini lo rechazó, pero Báez fue en queja a la Cámara Federal y la ex mandataria acompañó esa postura, al sostener que hay una multiplicidad de acusadores en su contra que demuestran la "persecución" a la que estaría siendo sometida. 

La decisión está en manos de la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y el nuevo integrante subrogante, Luis Bruglia.

La causa Hotesur empezó en noviembre de 2014 a raíz de una denuncia penal contra la ex presidenta por supuestas irregularidades fiscales y societarias a través de la sociedad Hotesur SA, que maneja el Hotel Alto Calafate.

Stolbizer había justificado su intervención en la causa por el "compromiso en la lucha contra la corrupción y (su) deseo de actuar por los carriles legales e institucionales" y en base a que la presente causa reviste una trascendencia institucional que excede el mero interés de las partes.

Pero el abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex jefa de Estado, afirmó que "la inusitada multiplicidad de acusadores quiebra el principio de igualdad de armas, afectando de manera directa y concreta el derecho de defensa en juicio de mi representada".

En el escrito se remarcó que "se ha solicitado y avalado la actuación concurrente de un fiscal 'ad hoc' para que se desempeñe de manera prácticamente exclusiva en este y otros expedientes conexos en los que se imputa a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner", mientras que "la Fiscalía actuante fue dotada de equipos especiales de trabajo, recursos adicionales y hasta nuevas oficinas de uso exclusivo en el edificio 'Libertad'", sede de la Armada.

Beraldi sostuvo además que "se ha autorizado el ingreso al proceso de dos organismos estatales que dependen directamente del Poder Ejecutivo Nacional, a saber, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, a quienes les fue otorgado el rol de parte querellante y también han destinado grandes cantidades de recursos humanos y económicos para el ejercicio de la acusación en esta causa".

"A todo lo expuesto se suma la actividad de una Diputada de la Nación -Margarita Stolbizer- a quien se le ha conferido el rol de 'amicus curiae'. Como puede apreciarse, existe una inédita y compleja burocracia estatal puesta al servicio de la persecución penal de la ex Presidenta de la Nación, que abarca al Ministerio Público Fiscal, al Poder Ejecutivo Nacional y, en cierto modo, también al Poder Legislativo de la Nación".

Beraldi afirmó que "este enorme desequilibrio de fuerzas descripto se agudiza al advertir que se han conferido facultades procesales a la Sra. Stolbizer que, en los hechos, la posicionan como si fuera una parte querellante más, pese a que ese rol ya le ha sido denegado en todas las instancias judiciales".

Y añadió que "no escapa a mi conocimiento que su apartamiento del rol conferido no eliminará semejante desproporción. Sin embargo, al menos contribuirá para que disminuya esa notoria desigualdad de armas que vulnera la garantía de la defensa en juicio".