El Senado convirtió en ley el proyecto que incorpora las figuras de agente encubierto y de agente revelador

El Senado convirtió hoy en ley el proyecto por el cual se crean una serie de figuras legales, como las de agente encubierto y de agente revelador, para la investigación de delitos complejos, impulsado por el Gobierno nacional.

El proyecto fue aprobado por 34 votos afirmativos (macristas, radicales y afines, así como un sector del peronismo alineado con los gobernadores); contra 18 negativos (kirchneristas y el adolfismo) y 5 abstenciones (de los senadores Jaime Linares, GEN; Fernando "Pino" Solanas, Proyecto Sur; Magdalena Odarda, CC-ARI; Alfredo Luenzo, dasnevista; y María Fiore Viñuales, (Partido Renovador de Salta).

La iniciativa crea las figuras de "agente encubierto", policía con identidad oculta que se infiltra en las organizaciones criminales con el fin de identificar, detener o impedir un delito; "agente revelador", miembro de fuerzas de seguridad que simula interés en hacer un transporte, compra o consumo de bienes, armas o drogas, u otra actividad criminal, para identificar a los implicados y detenerlos. 

Otras figuras que crea es la de "informante", un civil con identidad reservada, que, a cambio de un beneficio económico, aporta datos sobre el accionar delictivo a la policía o la justicia; "la entrega vigilada" y "prórroga de jurisdicción", para autorizar al juez a postergar la detención de personas si considera que puede servir a la investigación.

El presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, el peronista entrerriano Pedro Guastavino, informó el proyecto y explicó que las figuras de agente encubierto y agente revelador están en "vigencia" en "países como Chile, Uruguay, Costa Rica, entre otros".

También, aclaró que, en el artículo 9, la ley prevé que "no será punible el agente encubierto o el agente revelador que se hubiese visto impelido a incurrir en un delito" en cumplimiento de tarea secreta "siempre que no haya afectado o puesto en peligro la integridad física o psíquica" de terceros.

La ultra-kirchnerista Virginia García postuló un dictamen alternativo en minoría y embistió contra la intervención del Ministerio de Seguridad en el manejo de los agentes y propuso que, en cambio, estén bajo la órbita del ministerio de Justicia.

Su compañero de bancada, el kirchnerista Marcelo Fuentes alertó de que este tipo de iniciativa, tal como la impulsa el oficialismo, es "un peligro en esta etapa represiva el gobierno contra las organizaciones sociales y la protesta social".

Allí, puso especial énfasis en "el nivel de corrupción" existente en las fuerzas de seguridad e insistió en rechazar la propuesta oficialista, al decir que el país vive una etapa de "represión para el ajuste salarial y el ajuste previsional" y señalar: "Esta es la tercera pata del modelo de ajuste".

Por su parte, la puntana adolfista Liliana Negre dijo que "este proyecto que se trae modificado por diputados, es copia textual del Código Procesal de la provincia de Mendoza" y advirtió que con él se va "a violar el artículo 1º de la Constitución Nacional", en referencia al federalismo.

Según su planteo, con esta técnica legislativa que avanza sobre el Código Penal, "el Congreso de la Nación sigue avanzando sobre los estados federales"; en cambio, el oficialista correntino Néstor Braillard Poccard, como presidente interino del interbloque de Cambiemos, defendió la propuesta y dijo que es "un elemento imprescindible para que un juez pueda llevar adelante investigaciones" casos complejos, como el delito de secuestro de personas.