Ni justicia

Uno de los desastres institucionales que dejó más a la vista el cambio de gobierno fue el de la Justicia. Quedó sin cobertura la "Justicia militante", eufemismo equivalente a Justicia partidaria del gobierno anterior, que sigue intacta en los tribunales.

A comienzos del kirchnerismo se cambió la Corte adicta de Menem por una independiente, pero el panorama no mejoró, porque los jueces amigos fueron nombrados en los tribunales inferiores. No hay sin embargo que achacarle todas las deficiencias judiciales al kirchnerismo en exclusividad. Empeoró lo que había, que era ya muy malo.

Una encuesta difundida la semana pasada detectó que más de las tres cuartas partes de los ciudadanos desconfía del Poder Judicial. Jueces millonarios encargados de investigar a funcionarios inexplicablemente millonarios también, jueces que liberan a delincuentes peligrosos que vuelven a violar y matar al salir de la cárcel, jueces que se dedican a decirle al poder administrador cuánto tiene que cobrar el gas, pero que no pueden juzgar rápidamente ni siquiera a los delincuentes sorprendidos en flagrancia, jueces que dan prioridad a los derechos de los delincuentes en lugar de los de las víctimas, jueces de la "puerta giratoria", víctimas de delitos violentos que tienen que tomar la justicia en sus propias manos porque están indefensas ante los malvivientes. ¿Es necesario continuar el catálogo de iniquidades?

Para resolver el desastre de la inseguridad, una de las piezas centrales es -junto con la policía y el servicio penitenciario- la Justicia. Desde los 90 se ha modificado incontables veces la legislación penal con resultado nulo, porque la solución no está en la ley sino en los tribunales. El problema es el de la regeneración de los jueces, no del sistema. Tal vez el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que suele hablar con frecuencia en público, haría bien en decirlo.

La última forma de barbarie en materia de cambio penal fue la de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Nuestro sistema constitucional está fundado en el principio liberal de poner límites al poder estatal. Otorgar poder persecutorio infinito al Estado contra los ciudadanos no resuelve el problema de la corrupción. Ese problema se resuelve condenando a tiempo a los funcionarios corruptos y encarcelándolos. ¿Es también necesario hacer la lista de los que andan sueltos, a pesar de los abrumadores indicios y pruebas en su contra?

La regeneración de los jueces depende de los políticos por eso parece tan lejana. Hay episodios grotescos. Días atrás la Cámara de Casación santiagueña apartó de una causa por la represión ilegal de los 70 a un tribunal oral en razón de su evidente parcialidad. Dos de sus tres miembros son ex integrantes de la agrupación terrorista ERP.

El episodio que parece sacado de lo más profundo de Macondo sirve para medir el nivel de la Justicia nativa. ¿Cómo llegaron a ejercer la magistratura judicial personas con antecedentes de semejante violencia y desprecio por la democracia y el Estado de Derecho? La respuesta hay que pedírsela en primer término a los políticos y después, a sus votantes. Porque los pueblos no sólo tienen los gobiernos que se merecen, sino también la Justicia que saben conseguir.