La Procelac denuncia a un fondo especulativo y al grupo Marsans por transferir el juicio sobre Aerolíneas

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunció penalmente por supuesta "estafa procesal" al fondo especulativo estadounidense Burford Capital y al grupo español Marsans, ex concesionario de Aerolíneas Argentinas y Austral.

Así lo anunciaron en conferencia de prensa Carlos Gonella, titular de la PROCELAC, y la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, que dijo haber realizado la primera investigación sobre la transferencia, que se concretó en 2010, y dar aviso a la fiscalía.

Gonella atribuyó la denuncia penal a que Marsans "transfirió los derechos litigiosos" que mantiene contra el Estado argentino en el CIADI "a favor del fondo buitre Burford" y consideró que se trata de "una maniobra fraudulenta que tiene por objetivo perjudicar" al país en "unos 1.600 millones de dólares". 

"Acusamos por el delito de estafa procesal, que consiste en hacer incurrir en engaño a un tribunal, en este caso el CIADI", especificó el fiscal y agregó que en la denuncia abarca, también, al estudio jurídico King & Spalding, que representa a Burford frente al tribunal dependiente de la ONU.

Como en el estudio jurídico King & Spalding trabajaría el abogado argentino Roberto Aguirre Luzi, el fiscal Gonella recalcó que ha pedido la aplicación de la ley 14.030, que dispone hasta 25 años de prisión a quien "propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino".

"Burford patrocina monetariamente el conflicto en el CIADI" contra el Estado Argentino por la expropiación de Aerolíneas y Austral, sostuvo Abbona y pronosticó que "si el fallo fuese adverso Argentina tendría que pagar dos veces a Burford y a los accionistas (el grupo español)".

La procuradora justificó la denuncia penal en que "tenemos que poner en conocimiento de la Justicia argentina para resguardar los intereses del Estado".

Marsans gestionó Aerolíneas y Austral entre 2001 y 2008, cuando se declaró en quiebra y el Gobierno nacional expropió ambas compañías aéreas, luego de lo cual el grupo español radicó la denuncia en el CIADI reclamando una indemnización.

Su ex titular, Gerardo Díaz Ferrán, purga condena a seis años de cárcel en España, por una sentencia de la Audiencia Nacional que lo encontró culpable de delitos de fraude cometido con la ayuda de 600 millones de euros que recibió del Estado español para reflotar Aerolíneas y Austral.