El ministro de Justicia de España aseguró que Argentina es un país con "déficit democrático"
"Sería muy bueno que algunos otros países que tienen, en mi opinión, algún déficit democrático no pretendan enjuiciar lo que países democráticos, con funcionamiento del Estado de Derecho, llevan a cabo (...) con naturalidad", comparó Rafael Catalá, sin nombrarlas, a Argentina y España.
El ministro de Justicia de España, Rafael Catalá, consideró que la Argentina es un país con "déficit democrático" al cuestionar la causa penal que tramita en la justicia federal porteña por los crímenes de la dictadura franquista (1939-1977).
"Sería muy bueno que algunos otros países que tienen, en mi opinión, algún déficit democrático no pretendan enjuiciar lo que países democráticos, con funcionamiento del Estado de Derecho, llevan a cabo (...) con naturalidad", comparó el funcionario, sin nombrarlas, a Argentina y España.
Catalá, del gobierno del presidente Mariano Rajoy, del centroderechista Partido Popular (PP), debió hablar ayer el Congreso de los Diputados, en Madrid, en una interpelación parlamentaria por el rechazo a las extradiciones a Argentina de ex ministros y policías franquistas.
"Aquí en España hemos acotado con razonabilidad cuáles son los casos que deben ser conocidos por los tribunales españoles", sostuvo el ministro.
El 13 de marzo pasado el gobierno de Rajoy denegó las extradiciones pedidas por la jueza María Servini de Cubría con los argumentos de que los delitos imputados a los franquistas ya prescribieron y algunos de ellos como "haber firmado sentencias de penas de muerte" eran legales según el código penal de la época.
La magistrada, que lleva la única causa penal abierta en el mundo por los crímenes del franquismo, bajo el principio de la "Justicia Universal", había pedido a España que ordene la detención de 20 ex ministros, ex altos cargos y ex policías durante la Guerra Civil española y el régimen de Francisco Franco.
Los primeros querellantes en Argentina fueron los ciudadanos españoles residentes en Buenos Aires Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, ejecutado cuando era alcalde de Castro de Rei; o Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado cuando también era alcalde en Salamanca.
Los requeridos por Servini de Cubría son Antonio Carro Martínez, Licino de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez-Ventura Pascual, Alfonso Osorio García, Jesús Quintana Saracíbar, Carlos Rey González, José Utrera Molina, Fernando Suárez González, Rodolfo Martín Villa, Jesús Cejas Mohedano y Antonio Troncoso de Castro, por "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas".
La lista la completan Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesdús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortes, Atilio del Valle Oter y Abelardo García Balaguer, y los ex policías Celso Galván Abascal, Jesús Muñecas Aguilar, José Ignacio Giralte González y Juan Antonio González Pacheco, considerados responsables del delito de tortura.
La jueza destacó que entre ambos países rige un Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal y que la amnistía del 14 de octubre de 1977 decretada en España no contempla los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad ni, en particular, los delitos continuados de secuestro, dentro y fuera de España, de niños de familias republicanas y su entrega a familias franquistas, ni las detenciones-desapariciones forzosas".