El fiscal de Casación desistió de la apelación por la denuncia de Nisman contra la Presidenta

El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca resolvió hoy en favor de la presidenta Cristina Fernández, en un dictamen mediante el que desistió de continuar la denuncia presentada por su fallecido colega Alberto Nisman contra la jefa de Estado por presunto encubrimiento a los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

"No hubo delito alguno, consumado ni tentado", sostuvo De Luca -adherente al oficialismo- en su dictamen mediante el que desistió de continuar con la apelación que pedía que se abra una causa para investigar la denuncia de Nisman, la que alcanzaba al canciller Héctor Timerman y a otros dirigentes kirchneristas.

De esta manera, la causa tiene un cierre en esta etapa porque el fiscal es quien tiene la acción penal para decidir si se avanza o no con una investigación, y ante el desistimiento de De Luca la Sala I de Casación, sorteada la semana pasada para intervenir en el caso, no tiene un planteo que resolver. 

Además, la causa no cuenta con parte querellante que pueda apelar o mantener una apelación. La causa podrá proseguir si en el futuro se presentan nuevos elementos que ameriten reabrir la investigación.

De Luca había quedado en el medio de la polémica porque el fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, quien apeló para que el caso llegue a Casación, dijo que en el caso podía intervenir un fiscal de "Justicia Legítima", la agrupación judicial que adhiere al Gobierno Nacional, y cerrar el caso.

De Luca pertenece a esa entidad y dijo que estaba ofendido por los dichos de Moldes y que él solo resuelve las causas con fundamentaciones jurídicas y no por cuestiones políticas.

El fiscal fue notificado hoy de la radicación de la causa en su tribunal y contaba con tres días hábiles para decidir si mantenía la apelación o la desestimaba.

Nisman había denunciado el 14 de enero pasado -y cuatro días después fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero-, a Cristina Fernández, a Timerman, al diputado del FpV Andrés Larroque, al piquetero Luis D'Elía, al jefe de Quebracho, Fernando Esteche; al ex fiscal y ex juez Héctor Yrimia, al lobbista proiraní Jorge "Yussuf" Khalil y al presunto espía Ramón Allan Bogado, por entender que intentaron encubrir a los acusados del atentado a la AMIA mediante la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

Para Nisman, los denunciados hicieron gestiones para que mediante el acuerdo se cayeran las alertas rojas de detención contra los iraníes y la Comisión de la Verdad que creaba el memorándum cambiara el eje de la investigación y de los acusados.

En primera instancia, el fiscal Gerardo Pollicita imputó a los acusados y abrió una causa pero el juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia porque consideró que no había delito, lo que fue confirmado por mayoría de 2 a 1 por la Sala I de la Cámara Federal.

Moldes apeló para que intervenga Casación pero De Luca coincidió con que no hay delito por investigar.

"En esta causa, por más que se recorran todas sus hipótesis una y otra vez, de la denuncia, del requerimiento de instrucción, de la apelación y del recurso de casación, no se logra encontrar delito alguno a averiguar y demostrar", sostuvo De Luca.

"La supuesta espuria intención de hacer cesar o dar de baja a las 'alertas rojas' de Interpol por parte del gobierno argentino y la formación de una llamada 'Comisión por la Verdad' para generar una hipótesis investigativa falsa no pueden, ni objetiva ni jurídicamente, constituir la 'ayuda' que tipifica el artículo 277, apartado 1ero., inciso a), del Código Penal, ni ningún otro delito", sostuvo De Luca en referencia al encubrimiento.

Así, para el fiscal, "sostener que la firma de un tratado constituye un plan criminal, es un absurdo desde el punto de vista jurídico".

De Luca explicó que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo "no pueden delinquir cuando ejercen sus competencias constitucionales" y que la firma de un memorándum internacional es una de sus potestades.

Puso como ejemplo que el Gobierno de Raúl Alfonsín impulsó la ley de obediencia debida para beneficiar a militares y que el Congreso la aprobó y ninguno de los funcionarios y legisladores fueron acusados de encubrirlos.

El fiscal también recordó que "solo jueces" pueden dar de alta a baja ante Interpol las alertas rojas de detención y que "la 'Comisión de la Verdad' no tiene facultades jurisdiccionales, ni incidencia en la causa".

De Luca también desechó las medidas de prueba que el fiscal Pollicita había pedido para avanzar en la causa porque "son totalmente impertinentes porque su producción sólo nos conduciría al mismo punto en el que estamos hoy, a la confirmación de hipótesis no delictivas".