Una sociedad de responsabilidad limitada

Servicios deficitarios, infracciones al volante, hostilidad en la calle, la inseguridad de cada día, informalidad, piquetes, demoras, abusos y demás yerbas dan cuenta de que el argentino es un optimista que, más que vivir, sobrevive. Somos un país de abundancia; sin embargo, distintos factores hacen pensar que, si bien nos movemos, en ocasiones lo hacemos en la dirección equivocada. ¿Nos gana la cultura del "da lo mismo"? Preocupa pensar que, hecha la ley, esté también hecha la trampa o, como mínimo, la avivada.

"El tema es desafiante. Hay cuestiones que tienen que ver con condiciones institucionales y con cómo trabajan organismos y agencias del Estado, que deberían controlar el funcionamiento de determinados servicios, algunos, muy deficitarios en la Argentina", manifestó a La Prensa el abogado Renzo Lavin, co-director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El experto puso de relieve el concepto de "anomia", asociado a lo que plantean algunos teóricos de la democracia. "Es la falta de apego a la norma, y la no internalización de que la regla refleja un acuerdo social justo", consignó.

"Podemos pensar en la relación entre la dimensión cultural de no apego a la norma, y los mecanismos institucionales -los organismos- que hacen que las leyes se cumplan", instruyó Lavin.

Señaló que hay entes de control que deberían responder, y que el sistema está pensado para que estos organismos sean independientes del Poder Ejecutivo y de las empresas. "Pero esto se obstruye porque varios de estos entes están intervenidos desde hace más de una década y no pueden ejercer su función", consideró.

"La CNRT, el ENRE, el Enargas no están cumpliendo su rol. Esto es por falta de autonomía, por la incapacidad de aplicación de sanciones a las empresas incumplidoras. Otro ente de control complicado es la Defensoría del Pueblo, que tiene un mandato amplísimo para hacer que los derechos de los ciudadanos se cumplan; el organismo está en una situación institucional anómala, ya que no se nombra al defensor del Pueblo desde hace cinco años. Que una institución tan relevante al carácter institucional esté en esta situación, dice algo", afirmó el titular de ACIJ.

El experto propuso, entonces, que cuando uno se plantea por qué la gente no se queja, la respuesta está en su acostumbramiento a que la puerta que toca no se abra, a que los muchos trámites engorrosos den nula respuesta, o una reacción demorada, y, por lo tanto, inútil.

"Hay una constante combinación entre deficiencias institucionales, la cultura de falta de apego a la norma, y la débil participación y activación de los mecanismos de denuncia. ¿Cómo se le dice al usuario de tren que reclame ante la Justicia cuando el tren no llega o llega en mal estado si, al hacerlo, termina perdiendo energía? El ciudadano sostiene, con razón, que su tiempo también es valioso", reflejó Lavin.

MAS ACCION

Para Lavin, hay un tema de fondo en nuestra sociedad, que es la tendencia a delegar en nuestros representantes el manejo de todo lo público. Cuando, en realidad, el remedio sería una ciudadanía más informada y participativa, en absoluta facultad de exigir la validación de sus derechos. Se trata de cambios a largo plazo.

"La actividad individual es promotora de cambios, y eso está claro, aunque implique pedir al ciudadano que sea héroe, y que el día le rinda más de 24 horas", agregó el titular de ACIJ.

Por otra parte, enfatizó en que, en muchas cuestiones, "la amenaza de una sanción actúa como un incentivo para el respeto a la norma; pero esto no funciona, básicamente, porque el correctivo no se aplica".

El letrado manifestó, entonces, que no hay consecuencia ante el incumplimiento de la ley.
Se trata de un planteamiento aplicable a las grandes empresas prestadoras de servicios como al ciudadano común que, cuando actúa mal, todavía no tiene internalizada la amenaza de la sanción.

"Se descansa demasiado en que la razón para actuar bien es el estímulo moral del ciudadano", resolvió Lavin.

El especialista en materia de derechos y cumplimiento de leyes interpretó que hay muchos condimentos que atentan contra la idea de construcción de comunidad y del bien común. Se trata de un mecanismo que influye en que los miembros del grupo no sientan que respetar la regla es, a los hechos, un pre requisito de convivencia.

"Hace falta la comprensión de que la norma es justa y, por lo tanto, debe ser respetada", concretó.

EL BUEN EJEMPLO

En lo que al accionar positivo respecta, la socióloga Graciela Chiale, co-autora del libro "La conspiración de los maltratadores", entre otros, señaló a La Prensa que la cultura popular se transmite por asimilación. No es algo que esté escrito, pero los adultos generan, indefectiblemente, el ejemplo de imitación a los más chicos.

"Algo que se está instalando bastante entre los jóvenes, y entre los no tan jóvenes también, es la procastinación; es decir, dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Se debe a los más variados factores y está muy asociado a la improvisación", consignó.

La experta manifestó que postergar tareas u obligaciones no es algo exclusivo de la Argentina, pero sí ocurre que en nuestra cultura tomamos esto como algo natural, cuando no debería ser así.

La socióloga también hizo referencia a la puntualidad o impuntualidad de las personas, una característica muy ligada al cuadro planteado. "Se trata de casos en los que la informalidad está arraigada", opinó.

LA NORMA ANORMAL

"Para el argentino, las normas existen para ser transgredidas, y el cumplimiento o no de las mismas depende de la sanción. De no haber sanción, la norma para algunos desaparece", sentenció Chiale.

Asimismo, la especialista identificó que, ante el incumplimiento ajeno, cuando observamos que alguien más transgrede, el precio de ser buen ciudadano es, en muchos casos, el riesgo de la reacción del otro.

"Al volante hay mucho de esto. Si uno observa cómo conduce alguien, puede interpretar muchas cosas de esa personalidad; no sólo si la persona es ansiosa o no, también si es buena o mala", ejemplificó.

Respecto del señalamiento de la mala actitud ajena, Chiale remarcó que algo fue cambiando en la sociedad: "Para quien, como yo, es necesario no quedarse de brazos cruzados cuando se observa una infracción, empieza a ser peligroso. Hoy la reacción no es un grito, sino una agresión física".

La especialista determinó que hay fallas en la aplicación de las sanciones formales, considerando que, si alguien roba, puede ir a la cárcel, pero no por eso se acaba el problema de inseguridad percibido por todos, sin necesidad de un estudio sociológico.

En cambio, hizo mención al concepto de "sanción social", el escrache, cada vez más presente. Es la necesidad de los ciudadanos de no resignarse a que el vecino tire papeles al suelo, deje excremento de perro en la calle o haga una maniobra ilícita con su vehículo.

"En efecto, hay cierta evidencia que confirma que es posible dejar una huella positiva, a pesar del temor que genere salir perjudicado", planteó la socióloga.

EL HILO FINO

En paralelo, Lavin hizo hincapié en que siempre el más perjudicado ante el incumplimiento de una norma o la no sanción ante una violación de derechos es el más débil... como en todo vínculo. "Está claro que quienes no disponen de medios económicos; los niños, en determinadas situaciones; las mujeres, frente a los hombres; los ancianos, frente al resto de la sociedad son quienes más sufren la asimetría del lazo social o jurídico", sostuvo el letrado.

Convencido de su optimismo, el titular de ACIJ subrayó que los cambios son graduales, pero se logran. Como sociedad, aprendemos a partir de las acciones de otros. Si uno piensa en el valor de la democracia, se nota un consenso cada vez más fuerte acerca del respeto por los derechos como forma de organización social. Es una fuerza capaz de vencer frente a los abusos de poder, la informalidad, el autoritarismo y la desigualdad.