La acusó de haber sido"socia y ahora víctima de la cleptocracia" que instauró Néstor Kirchner.

La diputada Alonso del PRO afirma que la Presidenta "no se defiende porque tiene la cola sucia"

"La complicación judicial no llega sólo para la Presidenta sino también para sus hijos. Ni ellos tienen verdadera dimensión de los dineros públicos desviados por la corrupción que son parte del patrimonio de su familia y de sus socios", añadió.

La diputada nacional del PRO Laura Alonso advirtió hoy que la presidenta Cristina Fernández "no se defiende" tras el allanamiento a una de sus empresas de hotelería porque, consideró, "tiene la cola sucia" como "socia y ahora víctima de la cleptocracia" que instauró Néstor Kirchner.

"La Presidenta no puede decirlo porque sabe que si la investigan, pueden encontrar delitos y condenarla", indicó la legisladora.

En alusión a la investigación que comanda el juez federal Claudio Bonadío sobre la empresa Hotesur, Alonso indicó que "Cristina Kirchner tiene la cola sucia, por eso no se defiende. Fue socia y ahora es víctima de la cleptocracia que su marido instauró en 2003". 

"La complicación judicial no llega sólo para la Presidenta sino también para sus hijos. Ni ellos tienen verdadera dimensión de los dineros públicos desviados por la corrupción que son parte del patrimonio de su familia y de sus socios", añadió.

Por otra parte, Alonso cuestionó las críticas que derramó sobre el juez el secretario de Justicia Julián Alvarez, al señalar que "llama la atención que le preocupen las nueve denuncias contra el juez Bonadío en el Consejo de la Magistratura y no haya dicho nada de las más de 50 que tiene Oyarbide".

"Oyarbide sobreseyó fraudulentamente a los Kirchner por enriquecimiento ilícito. Esa causa también deberá volver a juzgarse porque Oyarbide actuó bajo irregularmente bajo presión del poder político de turno", añadió.

Por eso, Alonso sostuvo que "hay que apoyar las investigaciones de los jueces, quienes en el marco de las garantías constitucionales y los procedimientos correctos, tienen el deber de investigar delitos. Incluso si la sospecha recae sobre un Presidente y su familia".