Estaba vacía la sede jurídica de la compañía
Allanan una sede de Hotesur, la empresa que administra el hotel de la Presidenta
"Estaba vacía", confió una fuente judicial sobre la sede de la calle Lavalle 975, mientras que se concretó el resto de los procedimientos en la Inspección General de Justicia (IJG) y en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El juez federal Claudio Bonadio ordenó hoy el allanamiento de oficinas porteñas de la sede jurídica de la empresa Hotesur SA, que administra el hotel que la presidenta Cristina Fernández posee en El Calafate (Santa Cruz), pero el lugar estaba vacío.
Además, el magistrado dispuso operativos en la Inspección General de Justicia (IPG) y en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de donde la Policía Metropolitana se llevó documentación vinculada a la firma.
El procedimiento fue ordenado en una causa en la que se investiga una denuncia penal de la diputada opositora Margarita Stolbizer (GEN-UNEN) contra la Presidenta por supuestas irregularidades fiscales y societarias en Hotesur SA y en la que ayer el fiscal Carlos Stornelli formuló el requerimiento de instrucción.
Se trata de la compañía que administra el Hotel Alto Calafate, que el ex presidente Néstor Kirchner dijo haber adquirido en 2 millones de dólares, y cuyas habitaciones le alquiló a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, que nunca fueron utilizadas.
Stolbizer pidió que la Justicia investigue si la Jefa de Estado pudo haber incurrido en los delitos de "violación de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad".
El juez Bonadio ordenó allanar el domicilio de Lavalle 975, quinto piso, donde Hotesur tiene registrada su sede jurídica, pero el lugar estaba vacío.
"Estaba todo vacío. No había ni mobiliario", confío una fuente judicial tras el procedimiento que hizo la Policía Metropolitana. La fuerza también realizó procedimientos en la AFIP y en la IGJ.
La Policía Metropolitana llegó a la AFIP con una orden de presentación para retirar los legajos y las declaraciones juradas e impositivas de Hotesur. El organismo que encabeza Ricardo Echegaray sostuvo que "este tipo de información la Justicia la pide por oficio, siendo extraordinario y poco frecuente que la Justicia haga este requerimiento mediante una orden de presentación, como ocurrió en este caso".
Por su parte, la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, también emitió un comunicado en el que informó del procedimiento que se realizó.
La IGJ explicó que "hizo entrega de la totalidad de la documentación existente en poder del organismo relativa a la firma Hotesur S.A. (originales de Constitución de la Sociedad, Reformas de Estatuto, Cambio de Domicilio y declaración Jurada Res. IGJ N°1/10), así como copia certificada de la documentación presentada en soporte digital (Balances)" y "se hizo entrega de la documentación obrante relativa al ejercicio sobre dicha Sociedad, de las facultades de control propios de la Inspección General de Justicia".
En diálogo con radio Mitre, Stolbizer explicó que "la base de la denuncia es el ocultamiento de la información" porque "la IGJ se había convertido en una cueva de ocultamiento de información".
"Los hoteles de la Presidenta son administrados por 'Valle Mitre', de Lázaro Báez; garantizan una transferencia millonaria de recursos por el alquiler de habitaciones que no hay constancia de que se ocupen. Por eso advertimos que la actividad hotelera es muy utilizada para el lavado de dinero. La Presidenta debería tener el cuidado de la presentación de la documentación, para que no sea pasible de la sospecha", agregó.
La diputada aclaró que "la investigación, los allanamientos, no tienen que ver con la investigación de lavado de dinero, sino con incumplimientos de la sociedad respecto a los balances, tasas, directorio; lo otro vendrá después si el fiscal o el juez entienden que hay mérito para investigar otra cosa".
En su denuncia, Stolbizer sostuvo que en su declaración jurada Cristina Kirchner es titular de acciones de Hotesur pero sin especificar en qué cantidad o porcentaje de participación.
"Esa participación está valuada en $ 9.367.528 y reconoce luego una deuda con la misma sociedad sin que se aclaren conceptos o razones de dicho endeudamiento", precisó la legisladora en la presentación.