Siguen los regalos

En su reciente viaje al Vaticano la presidenta Cristina Fernández llevó al Papa de "regalo" una ley, que generó una tormentosa sesión del Senado. Se trataba de la declaración de interés público del proyecto "Scholas occurrentes", caro al Sumo Pontífice.

Todos los sectores estaban de acuerdo en aprobarlo, pero la presencia de Amado Boudou en el recinto promovió una durísima discusión en la que las denuncias sobre la corrupción gubernamental más grosera terminaron pintando un panorama institucional siniestro.

Como el Gobierno no suele aprender de la experiencia -o no le interesa- la situación parece a punto de repetirse. En esta oportunidad con la sanción definitiva de la reforma integral del Código Civil en la Cámara de Diputados.

Parece a punto de repetirse porque resulta difícil desvincular la visita de la jefa del Estado al Vaticano y la repentina urgencia para aprobar una norma en la que se evita un pronunciamiento contrario a la Iglesia en asuntos clave como la fecundación asistida o la maternidad subrogada. La peregrinación a Roma del señor Larroque y de La Cámpora y su inesperado clericalismo sintonizan perfectamente con el impulso a una reforma del Código que estuvo congelada durante casi un año en Diputados.

¿Por qué existe la sospecha de que se está en presencia de otro "obsequio"? Por los antecedentes más cercanos. Esta reforma había sido redactada por una comisión de expertos que presidió el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Después de una ardua tarea, cuando el proyecto estaba por ser promovido, sobrevino el fallo de la Corte en contra de la reforma del Consejo de la Magistratura y Lorenzetti fue "castigado" por el Gobierno con el cajoneo de "su" proyecto de reforma.

Pero más tarde la Corte se "reivindicó" al declarar constitucional la ley de medios. Lorenzetti recuperó el favor presidencial y el Código fue aprobado por el kirchnerismo del Senado (39 a 1). Ante tan torpe manipulación, los opositores se retiraron a la hora de votar, por lo que el Código -que no debería ser una norma circunstancial sino una política de Estado- terminó convirtiéndose en el proyecto de un gobierno en retirada, de un partido o, peor aún, de una mayoría transitoria en el heterogéneo universo peronista.

A lo que hay que agregar que los opositores no fueron los únicos en expresar su rechazo. El propio presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto, se vio en la obligación de aclarar que votaba el Código por "disciplina política", ya que no compartía su contenido.

Existe también la posibilidad de creer que la súbita necesidad de sancionar el Código no obedece al interés de contentar al Papa, pero las restantes hipótesis no resultan menos alarmantes. En particular el artículo 765 que permite pagar en pesos las deudas en divisas. Esta cláusula evoca a Eduardo Duhalde y el desastre de la "pesificación asimétrica".

Si bien no estará operativa en lo inmediato, se da en un contexto de crisis externa y terminará aumentando -por si hiciese falta- la desconfianza.

Reforzará también la expectativa negativa la falta de consenso, porque llevará a la "judicialización" de la reforma. La oposición irá a los tribunales y tocará a los jueces decidir si la reforma es válida o no. Harán el trabajo que los políticos dejaron inconcluso.