Adepa describió un clima adverso para la prensa

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) sumó hoy al "crimen organizado" al "clima adverso" en el que se desenvuelve la prensa en la Argentina y denunció que la falta de cumplimiento de las sentencias judiciales por parte del Gobierno genera un país "con desequilibrio republicano y libertades amenazadas".

"La prensa se continúa desenvolviendo en la Argentina en un clima adverso, derivado del hostigamiento oficial y del denominado periodismo militante, las agresiones e intolerancia de funcionarios y las amenazas del crimen organizado", se explicó en el Informe anual brindado en la Junta de Directores de la entidad por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Guillermo Ignacio.

La suma de dificultades del último año se completó con "la distribución arbitraria de la pauta oficial, la persecución regulatoria y administrativa y el incumplimiento de fallos judiciales referidos a la libertad de expresión y al libre acceso a la información pública". 

En cuanto a la presencia del narcotráfico, ADEPA explicó que se trata de una de las "facetas más sombrías" de la inseguridad y relató los casos de amenazas y ataques a medios de Mendoza y San Lorenzo (Santa Fe).

En el resumen anual, la entidad recordó que a fines de octubre del año pasado la Corte Suprema se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios y que en su sentencia dijo que "lo que viene haciendo el Poder Ejecutivo de manera ostensible en todos estos años, colisiona con la legitimidad de la cuestionada norma" y además "desvirtuaría sus objetivos".

En ese sentido, el Informe mencionó "la ausencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial, la transformación de medios privados de comunicación en instrumentos políticos nutridos por prebendas estatales, el uso de medios públicos como herramientas proselitistas y la ausencia de un órgano independiente de aplicación de la Ley y ajustado a los principios constitucionales".

ADEPA se preguntó qué ocurriría si el Poder Judicial actúa "sin tener en cuenta el contexto en el que está inmerso" y si el Poder Ejecutivo "sólo acata las sentencias que lo satisfacen y aplica de manera selectiva las leyes sancionadas por el Congreso". Y se contestó: "Ocurre la Argentina, un país con desequilibrio republicano y libertades amenazadas".

El Informe recordó las sentencias en los casos Río Negro y Perfil, de 2007 y 2011 y también otra sobre el caso Artear, sobre las que el gobierno nacional respondió con un "incremento exponencial de la pauta con una distribución regida, principalmente, por la afinidad editorial de los medios con su discurso y por el objetivo de construir un enorme aparato propagandístico para deslegitimar al periodismo independiente y sostener discursivamente al oficialismo".

Explicó también que en el primer semestre del año pasado se distribuyeron 865 millones de pesos en publicidad oficial y expresó que "la ausencia de toda pauta objetiva en el reparto hace que ciertos medios con una línea editorial condescendiente sean beneficiados, en una relación de 200 a 1, respecto de medios independientes".

ADEPA puntualizó, además, que este año se dedicarán "4.800 millones de pesos para financiar aquello que, según la Corte, atenta contra la pluralidad y la diversidad en los medios de comunicación".

El informe añadió que ese monto "está destinado, básicamente, al mantenimiento de la red de medios públicos transformados en usinas oficialistas, a la distribución arbitraria de publicidad, a solventar los gastos del programa Fútbol para Todos empleado con fines proselitistas y al funcionamiento de la AFSCA, el órgano que debería aplicar la Ley de Medios de manera equitativa e independiente del gobierno con el que coordina sus acciones".