El Gobierno promulgó la reforma a la Magistratura y convocó a elecciones de consejeros para el 27 de octubre

La iniciativa es uno de los puntos principales del proyecto de reforma judicial encarado por el Poder Ejecutivo. Entre otras medidas dispone la ampliación del número de miembros del organismo, establece la elección por voto popular de los representantes de abogados, jueces y académicos.

El Gobierno promulgó hoy la ley de reforma del Consejo de la Magistratura y dispuso que las elecciones de consejeros se realicen conjuntamente con las legislativas del 27 de octubre, luego de votar a los candidatos en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto.

La promulgación de la ley 26.855, sancionada el 8 de mayo, y que entre otras medidas dispone la ampliación del número de miembros del organismo y establece la elección por voto popular de los representantes de abogados, jueces y académicos, es una de las normas centrales de la reforma judicial impulsada por el kircherismo.

La reforma, que despertó fuertes críticas de sectores de la oposición que ya anticiparon que llevarán la cuestión a Tribunales, prevé que para llevar candidatos a consejeros, un partido o frente electoral debe tener representación, con el mismo nombre, en 18 de los 24 distritos del país.

Según estableció el Gobierno, el 12 de junio vencerá el plazo para presentar alianzas electorales y el 22 de ese mes es el límite para la presentación formal de candidaturas.

Aunque con fecha del viernes pasado, el Gobierno publicó este lunes en el Boletín Oficial el decreto que promulga una de las medidas más controvertidas de la reforma judicial impulsada por el oficialismo, que prevé cambios en la composición del Consejo de la Magistratura y establece la elección de jueces en elecciones populares.

La función del organismo es proponer candidatos a jueces, controlar su gestión, realizar un control público de las decisiones y elección de sus integrantes a través de mecanismos no discriminatorios que favorezcan la participación popular, entre otras tareas.

La ley 26.855, que fue aprobada el pasado 8 de mayo en una ajustada votación, lleva la firma del vicepresidente Amado Boudou, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y de los secretarios Juan Estrada y Gervasio Bozzano.

La norma establece que se emplie a diecinueve en número de consejeros, que serán tres jueces del Poder Judicial; tres representantes de los abogados de la matrícula federal; seis representantes de los ámbitos académico o científico; seis legisladores; y un representante del Poder Ejecutivo.

La reforma también prevé que la elección de los consejeros de la magistratura representantes del ámbito académico y científico, de los jueces y de los abogados de la matrícula federal, se realicen en forma conjunta con las elecciones legislativas que se realizarán el próximo 27 de octubre.

Hoy también se publicó el decreto 577, que establece que las PASO, en las que se elegirán los candidatos a senadores y diputados, se realizarán el 11 de agosto y que en esa elección también se elegirán a los postulantes para el Consejo de la Magistratura.

Esta medida, firmada por la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, además establece que la lista de candidatos conformará un cuerpo de boleta que irá adherido a la derecha de las candidaturas de diputados de la agrupación por la que son postulados.

La reforma establece que para presentar candidatos a consejeros, un partido o frente electoral debe tener representación en 18 de los 24 distritos del país y esto despertó un fuerte rechazo de un sector de la oposición, que considera que el requisito es proscriptivo.

En tanto, el cambio en el Consejo también expresa que los magistrados permanecerán en sus cargos por cuatro años, pero los que resulten electos el próximo 27 de octubre ocuparán esos puestos excepcionalmente por dos años, hasta que se realicen los sufragios de 2015. Un amplio sector de la oposición, que rechazó los distintos cambios en la Justicia que sostiene la reforma presentada por la Jefa de Estado, ya anticipó que realizarán distintas presentaciones judiciales para que se declare la inconstitucionalidad de las nuevas normas.