Exigen informes a la Ciudad por la represión en el Borda

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires indicó que se violó la Ley de Seguridad Pública en la represión ordenada en el hospital neurosiquiátrico. Por esa razón, presentó un duro pedido de informes dirigido al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.

El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la Ciudad de Buenos Aires consideró que se violó la Ley de Seguridad Pública en la represión ordenada en el hospital Borda y por lo tanto presentó un duro pedido de informes dirigido al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.
"Si los efectivos de la fuerza (Policía Metropolitana) fueron provistos con armas de fuego", es uno de los puntos sobre los que pregunta el ODH, que también interroga sobre quién fue el jefe del operativo y "si conocía la existencia de una medida cautelar vigente, dispuesta por la Sala II del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad".
De acuerdo con lo analizado por el observatorio, en la represión del Borda se violaron los principios de gradualidad y de razonabilidad, según se establece en la Ley de Seguridad Pública, de la Constitución porteña.
En ese contexto, se recordó lo ocurrido en el Parque Indoamericano y se remarcó que "la policía Metropolitana ya tiene cinco casos confirmados de `gatillo fácil`".
"Desde el macrismo se intenta erigir a este operativo en uno de los hitos de la ley y el orden, cuando todas las evidencias advierten que se trató de un concurso sistematizado de vulneraciones de derechos humanos reconocidos en las leyes de la Ciudad, su Constitución, la Constitución Nacional y los tratados internacionales", afirmó el Observatorio, en un comunicado.
En ese sentido, el ODH informó: "En nuestros informes anuales ya hemos advertido que la Policía Metropolitana es una fuerza creada en base a la doctrina de la Seguridad Nacional que ha enviado efectivos a los cursos ILEA, la nueva escuela de las Américas en el Salvador".
En ese marco, definió que se trata de "una fuerza cuyo ideólogo, el procesado Jorge Fino Palacios, es un ferviente admirador de la última dictadura militar".
El observatorio también recordó el intento del Gobierno de la Ciudad de comprar "neopicanas" Taser, prohibidas por la Justicia.
"Su `bautismo de fuego´ fue en el Parque Indoamericano contra los sectores vulnerables de la ciudad, causando dos muertos", manifestó el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad, que remarcó: "La policía Metropolitana ya tiene cinco casos confirmados de `gatillo fácil`".