La Universidad Austral rechazó la reforma judicial

La Facultad de Derecho de la Universidad Austral manifestó su “confianza” en que los magistrados de la Corte Suprema “sabrán” defender a instituciones y ciudadanos, "declarando la inconstitucionalidad" de las leyes que integran la Reforma Judicial que propició el Gobierno. “Confiamos en que la Corte Suprema y los tribunales inferiores, a 150 años de su establecimiento, sabrán honrar un siglo y medio de custodia de sus facultades y de la Constitución toda. Así, los magistrados de este suelo sabrán defender a las instituciones y a los ciudadanos, declarando la inconstitucionalidad de aquello que pueda agraviar la Constitución”, expresó la Facultad en una declaración firmada por el decano, Jorge Albertsen.
En primer término, el escrito rechazó los cambios a la elección y funcionamiento del Consejo de la Magistratura, porque “no se compadecen con expresas disposiciones” del artículo 114 de la Constitución Nacional, ni tampoco "con lo que determinan" los artículo 1 y 109 sobre la separación de poderes y la independencia judicial.
“Al unir las elecciones a las campañas presidenciales, pasar a los partidos el derecho de presentación de candidatos, exigir la presentación de alianzas al menos en 18 jurisdicciones, ampliar el número de miembros licuando el voto de los actuales representantes y cambiar el porcentaje de voluntades necesarias para acusar y suspender a un juez o camarista, se sacrifica indefectiblemente la necesaria y sagrada independencia judicial a manos de un Consejo ahora plenamente politizado, que estaría a disposición de quien haya ganado las elecciones presidenciales”, refirió la Austral.
Luego, Albertsen señaló que resulta “preocupante” la inserción de una nueva instancia judicial, las Cámaras de Casación, “que alargará más los litigios, sin que la acompañe un completo estudio de los remedios a la enorme cantidad de tiempo que insumen los procesos”.
“Más preocupante aún resulta la facultad presidencial de nombrar directamente a jueces subrogantes y conjueces para integrar estos altísimos tribunales de Casación, sólo inferiores a la Corte Suprema, quienes podrán intervenir en todos los procesos actualmente pendientes y a entablarse en el futuro”, añadió.
El documento afirmó que la creación y conformación de esta instancia “se parece mucho a las comisiones especiales, fulminadas en el artículo 18 de nuestra Carta Magna y no se conjuga con la prohibición al Presidente de conocer las causas judiciales, del artículo 109”.
Por último, señaló que también “causa enorme preocupación la sanción de una Ley que altera los derechos y garantías de las personas, al imponer severas restricciones al derecho humano a las medidas cautelares”. En esta cuestión, el decano agregó que el derecho a la tutela judicial efectiva es declarado “inviolable” en la Constitución y expuso que, “en el mismo sentido”, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos determina “expresamente que la protección judicial debe ser sencilla, rápida, efectiva en el amparo contra la violación de los derechos, ‘aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales’”.