Felisa Miceli declara como imputada en la causa por el desvío de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo

La ex ministra kirchnerista de Economía Felisa Miceli (2005-2007) se presentó esta mañana a declarar como imputada en la causa por desvío de fondos públicos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, donde ella sigue trabajando, informaron fuentes judiciales.
Acompañada del defensor oficial Gustavo Kollman, la ex funcionaria ingresó a las 11.20 a la secretaría del juez federal Norberto Oyarbide, que la convocó a declaración indagatoria, en la misma causa en que ya están procesados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, más otros 42 imputados.
En diciembre pasado, Miceli fue condenada a cuatro años de cárcel por el hallazgo de cien mil pesos y algo más de 30 mil dólares colgando de una percha en el armario de su baño privado del Palacio de Hacienda, en 2007, lo cual precipitó su renuncia.
Luego de su salida de la cartera, Miceli pasó a trabajar en la Fundación, que para entonces ya recibía millones de pesos del tesoro por parte del Ministerio de Infraestructura y Planificación Federal, destinados a la construcción de viviendas sociales en la "Misión Sueños Compartidos". La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, declaró como testigo en esta causa y responsabilizó a los hermanos Schoklender.
En esta causa fueron citados como imputados Rubén "Pocho" Brizuela, un puntero de la zona sur convertido en jefe de seguridad de Schoklender; y Javier Berois, un empleado de la Fundación sospechado de haber robado documentación (para el 9 y el 11 de abril respectivamente). Alejandra Bonafini, hija de Hebe y también ex apoderada de la Fundación ha sido beneficiada con la "falta de mérito" por Oyarbide.
El juez sostiene que los Schoklender manejaban fondos por 1.126 millones de pesos en la Fundación y que se detectaron "muchas irregularidades" en la administración de ese dinero, según los informes de del Banco Central, la Auditoría General de la Nación y la Policía Federal.
La Policía Federal "advirtió para mayo de 2012 un déficit en la Fundación de 183 millones de pesos", y el Banco Central "encontró en los balances de los estudios contables irregularidades que superan los 25 millones de pesos", mientras que la Auditoria General "hace hincapié sobre la responsabilidad de determinados funcionarios públicos" por "contrataciones en forma directa cuando esto está en oposición rigurosa a la ley de licitaciones públicas", remarcó el juez.
Durante los dos años que lleva la tramitación de esta causa, los Schoklender insistieron en apuntar hacia Hebe de Bonafini por entender que no fue ajena a los desmanejos de dinero, pero ni la fiscalía ni el juez la consideraron sospechosa.