La Prensa
Sin la reglamentación habría 400 millones más de habitantes, destacaron los comunistas

China deja vigente la ley del hijo único para reducir la población

Viven en el país asiático hoy unas 1.300 millones de personas. Las familias que tienen un segundo hijo deben pagar fuertes multas y pierden beneficios sociales.

Pekín  - Aunque la reestructuración gubernamental lanzada por el régimen chino desarticuló la Comisión para la planificación familiar, la ley del "hijo único" seguirá vigente para "combatir la superpoblación", en una ratificación que no fue la única, ya que el flamante presidente de la Conferencia Consultiva (equivalente a una Cámara de Senadores), Yu Zhengsheng, clausuró el plenario anual asegurando que Pekín "no copiará, bajo ninguna circunstancia, los sistemas políticos de Occidente".

Quienes se ilusionaron con que la abolición del organismo encargado, entre otras tareas, de establecer la cuota de nacimiento en cada provincia, era el preludio del fin de la controvertida norma, rápidamente quedaron desilusionados.

"No hay ninguna relación entre esta medida -la citada comisión fue fusionada con el Ministerio de Salud- y el abandono de la política del hijo único", explicó un funcionario al periódico China Daily antes de subrayar: "El país tiene hoy 1.300 millones de habitantes; de no haberse aplicado rígidamente esta reglamentación, habría 400 millones más de personas".

Vigente desde 1978, cuando el boom económico estaba a las puertas, la ley es considerada anacrónica por los sociólogos, que resaltan que gran parte de la población reside en ciudades donde la tasa de crecimiento es baja.
Además, "el envejecimiento está avanzando a un ritmo que podría resultar demasiado insoportable desde el punto de vista económico", arguyen otros expertos.

CASOS POLEMICOS

Quienes pueden darse el lujo de pagar elevadas multas por el segundo descendiente no tienen problemas en agrandar la familia, pero los pobres escapan a los controles con mudanzas "estratégicas" de una provincia a la otra, contando generalmente para ello con la solidaridad de todos sus parientes.

El año pasado, la polémica explotó en Internet al conocerse el caso de Feng Jianmei, una joven de 23 años obligada a abortar en el séptimo mes de su segundo embarazo.

Ella y su marido, Deng Jiyaun, se negaron a abonar la sanción monetaria de 4.500 euros a la provincia de Shanxi, donde residen. Millones de usuarios irrumpieron en las redes sociales repudiando al Ejecutivo regional.

Otro hecho similar, registrado en la provincia costera de Shandong, fue denunciado en 2005 por el activista Chen Guangcheng, quien terminó pasando más de tres años en prisión antes de emigrar a Estados Unidos, en 2012.
Decenas de mujeres fueron conminadas a interrumpir la gestación, algunas incluso contra la opinión de los propios médicos. Y hasta se llegó al extremo de que vecinos y familiares de las sospechadas de estar encintas fueron torturadas por la policía local para "obtener información". (ANSA)