El Congreso oficializó el nuevo mandato de Despouy en la Auditoria General de la Nación
Con la firma de los titulares del Senado, Amado Boudou, y de Diputados, Julián Domínguez, se formalizó la designación del funcionario. La fecha de inicio del nuevo mandato que se hizo constar es la del 19 de marzo de 2010, es decir la que el Gobierno considera válida por la crisis política originada por la continuidad del radical en el cargo.
El titular del Senado, Amado Boudou, y el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, formalizaron hoy la designación de Leandro Despouy como titular de la Auditoría General de la Nación "desde el vencimiento de su mandato anterior", es decir, desde el 19 de marzo de 2010.
Boudou y Domínguez, como titulares de ambas cámaras, firmaron hoy la Resolución Conjunta 057/12, que designa a Despouy.
"En virtud del artículo 85 de la Constitución Nacional y de los artículos 121 y 123 de la Ley 24.156, se designa al Dr. Leandro O. Despouy como Presidente de la Auditoría General de la Nación", establece el artículo primero de la resolución, tras lo cual aclara que la designación opera "desde el vencimiento de su mandato anterior", es decir, desde el 19 de marzo de 2010.
Tras un prolongado conflicto, el jueves pasado el oficialismo finalmente reconoció la continuidad de Despouy al frente de la Auditoría, a través de una carta que envió Julián Domínguez al titular de la UCR, Mario Barletta, en respuesta a una misiva que le hizo llegar previamente el radical.
Domínguez señaló que la carta enviada por Barletta "es prueba suficiente" de la voluntad radical de que Despouy continúe en el cargo que ejerce hace ya diez años, con lo que quedó efectivizado el auditor en su puesto.
El conflicto se originó durante una reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas en donde su titular, el diputado kirchnerista Fabián Ríos, le bloqueó la participación a Despouy por considerar que su mandato se encontraba caduco desde marzo de 2010.
Ese mismo día Despouy recibió un fuerte respaldo de parte de dirigentes de la oposición y una denuncia de la UCR sobre un "golpe de Estado institucional", en tanto los oficialistas reiteraban su requerimiento para que se regularice la situación del auditor.