Cristina, con el 54 por ciento de voluntades a favor obtenido en octubre, ha reflotado su estilo discursivo ofensivista o contragolpeador del “ojo por ojo y diente por diente”. Así como antes fue el campo, ahora son los empresarios petroleros, la “corporación” sindical representada por Hugo Moyano, o la CTA no oficialista, y ‘el bolero de Ravel’ de los grandes medios ‘hegemónicos’, o cosa parecida. ¿Valen sólo el modelo y sus defensores y al resto “ni justicia”?
Hay que decir, además, que no se trata de algo extraño a su personalidad, o simplemente reprobable siempre en tanto aparezca como afirmación de lo que entiende es “su verdad”. Pero, también, cabe recordar que vivimos en un país acostumbrado a la conformación de liderazgos fuertes, con tendencia a la concentración del poder, tanto en períodos directamente dictatoriales como en algunos casos contradictorios por haber sido originariamente democráticos.
Alguna vez, sin que esto agotase el tema, hemos planteado que la Ley Sáenz Peña, sancionada en 1912, generó un efecto no querido: el impulso objetivo de formas de concentración del poder político en manos de las expresiones mayoritarias minimizando el papel de los perdedores. ¿O no es verdad que, frente a los dos tercios de la representación para los que resultaron ganadores –aunque fuese por un voto- se dejó solo el 33 por ciento restante en otras manos, mojón solo atenuado en parte a partir del reconocimiento del sistema de representación proporcional?
La sucinta descripción consignada permite extraer una primera conclusión: en eso del sano ejercicio del respeto por el otro, la marcha política de la Argentina luce de ordinario un tanto endeble o ‘debilucha’, con excepciones por cierto escasas.
El varias veces generalizado acompañamiento civil frente a los golpes de Estado, la violencia objetiva de los períodos de exclusión y transparencia electoral, el acoso a las expresiones opositoras en el primer peronismo, el desmesurado hostigamiento a Frondizi, o la detención de ciudadanos pacíficos sin Estado de sitio en ocasiones más recientes, son sólo algunas manifestaciones de la intolerancia descripta,
Ya hemos señalado que nadie debería molestarse por el uso de un legítimo derecho a réplica por parte de la presidenta de la República. Eso sí, una cosa es ese ejercicio valedero, y otra muy distinta es la abusiva y reiterada utilización de la cadena nacional confundiendo partido, gobierno y Estado, sobre todo en ocasiones objetivamente descalificatorias para quienes exhiben posturas diferentes a las de las autoridades. ¿Será este el signo de lo que vendrá, de aquí en más?
Pero hay más aún: la nave insignia del cristinismo tiene en vastos sectores del funcionariado (incluyendo solo en contadas ocasiones a opacados ministros) una pléyade de voceros que suelen confundirse más con exégetas furibundos y acríticos del poder que en legítimos portavoces de mensajes respetuosos “para convencer” y no para abatir a sus oponentes.
A modo de ejemplo, digamos que hace pocos días, en respuesta a nuestra última nota sobre la supresión de subsidios para el área energética, una elevada expresión ministerial se sintió obligada a salir al cruce de ese artículo, al que erróneamente reinterpretó como sinónimo de supuesta proclividad y defensa de las empresas.
No refutó, en sentido estricto, nuestra línea de razonamiento en lo relativo a la falta de estímulo – por el aplastamiento tarifario- para las inversiones en el sector. Añadió, además, algo que ni por asomo figuraba en el texto de marras: dijo que objetábamos los “precios populares” para los combustibles. No fue así. Solo dijimos que “los precios políticos”, alejados de toda racionalidad económica durante ocho años, fueron lo que prepararon el terreno para la explosión importadora de combustible que ahora, con todo tino, se pretende corregir.