El gobierno catamarqueño justificó la represión: tenían que pasar "camiones explosivos"
"Había camiones que estaban esperando ya casi hace 20 días, se estaban quedando sin trabajo", explicó un ministro, quien aseguró además que los camiones explosivos parados eran un "peligro" para la sociedad.
El ministro de Gobierno y Justicia de Catamarca, Francisco Gordillo, justificó la represión en la ruta 60, en la ciudad de Tinogasta, al argumentar que había que dejar pasar a los camiones del yacimiento Bajo de la Alumbrera, porque cargaban "explosivos" que representaban un "peligro para la sociedad".
Además, informó que a raíz del desalojo de la gente que cortaba la carretera, hay "entre 12 y 13 personas que ingresaron al hospital con algún tipo de contusiones y heridas", mientras que al menos "once policías de Infantería resultaron heridos, una subcomisaria con fractura expuesta, un comisario con una pierna fracturada, seis perros lesionados, y cuatro camionetas destrozadas".
Gordillo negó que la decisión de llevar a cabo el desalojo haya sido "por presión" de las empresas mineras que operan en esa zona de Catamarca.
"Cumplimos con una orden judicial. Los camiones que iban con insumos a la minera representaban un peligro para la sociedad de Tinogasta porque contenían explosivos", adujo Gordillo.
En declaraciones televisivas y radiales, expresó que "la Policía provincial en cumplimiento de una orden judicial ha procedido a desalojar la ruta por sobre todas las cosas respetando el estado de Derecho que tienen todos de transitar por la ruta".
"Había camiones que estaban esperando ya casi hace 20 días, en muchos de los casos pertenecientes a las mineras, los proveedores y la gente que trabaja en las minas, ya le habían dicho a esta gente que (por el bloqueo) se estaban quedando sin trabajo. Hay más de 3000 personas que están vinculas a la minería en forma directa", explicó Gordillo.
El funcionario del gobierno conducido por la kirchnerista Lucía Corpacci recordó que "Catamarca tiene dentro de su Constitución el tema minero y estas empresas están hacen más de 15 años en la provincia".
"Nosotros hemos asumido hace poco y tomamos contacto para dialogar con la gente que se manifiesta en distintos puntos de la provincia donde están los cortes. Hay algunas posiciones fundamentalistas que expresan que la minería no tiene que seguir", remarcó Gordillo.
El ministro aseveró que la administración provincial "no está de acuerdo con la represión", y en el caso de hoy, la Policía procedió siguiendo "un protocolo" ante manifestaciones sociales que Catamarca "suscribió con el Ministerio de Seguridad Nacional ante este tipo de situaciones".
"Nosotros hemos cumplido una orden judicial. No hemos tenido ningún tipo de presión de parte de las empresas (mineras). Estamos cumpliendo con una orden de la Justicia y en base a esa orden hemos actuado", puntualizó.
Según Gordillo, se ha "invitado a la gente que estaba en el corte para poder dialogar y conversar", y agregó que el Gobierno "ha estado abierto" en el marco del "consenso".