Hace una semana en este espacio se intentó describir la concepción del Estado con la que se maneja el actual Gobierno. Hoy toca el turno a su idea de la acción política. Para el kirchnerismo el Estado no provee el marco en el que se desarrolla la lucha política, sino a la inversa. La lucha política es lo primordial, lo que moldea al Estado a su antojo.
La consecuencia de esto es que el orden legal no sirve para pacificar a la sociedad. Tampoco el Estado es la garantía de la igualdad de los ciudadanos, sino el encargado de señalar a los diferentes -a los críticos del Gobierno- y excluirlos. Así las leyes tienen nombre y apellido. Son contra el enemigo del momento. Hay infinidad de ejemplos, el último, Papel Prensa.
Este uso del poder genera la atmósfera de conflictividad que impregnó la vida pública desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia y que fue definida como un clima de "crispación". Llamó la atención entonces la furia con la que desde el atril de la Casa Rosada se atacaba a distintos sectores. Se lo consideró, superficialmente, como un nuevo "estilo" presidencial.
Además de la exclusión y la descalificación del enemigo político se produjo otro fenómeno del que no se tenía memoria desde el primer peronismo: la disolución de las fronteras entre lo privado y lo público, la apoteosis de la "militancia".
De allí la virulencia de la polémica y los enconos (muchas veces dentro de una mismo grupo o familia), las peleas y las divisiones. El caso más notorio fue el de la "guerra con el campo" por una disputa fiscal.
Otro rasgo de la política "K" es que el pragmatismo desplazó a la ideología. Hoy se puede palmear la rodilla de George W. Bush y mañana armar una cumbre de las Américas paralela para insultarlo. Demonizar a Carlos Menem y después aliarse con él. Beneficiar económicamente a "Clarín" y más tarde arruinarle los negocios.
El sustituto de la ideología fue el sentido de pertenencia. La pertenencia no es un idea, sino una cualidad personal, por eso las críticas al Gobierno son tomadas como insultos personales.
La pertenencia a su vez se define por la identidad. Y la identidad la fija el Gobierno con su decisión de excluir al no idéntico que queda convertido de inmediato en enemigo interno, lo que habilita a perseguirlo de cualquier manera. Con escraches, piquetes, jueces amigos, insultos por los medios de comunicación, mandándole la AFIP, la Gendarmería, etcétera.
La violencia resulta connatural a una política que reemplazó el diálogo por la imposición y la doctrina por el mito personal ("El"). En este contexto el orden estatal nunca puede ser neutro sino contra un enemigo y la igualdad es reemplazada por la homogeneidad. La base de la homgeneidad es el acatamiento, por eso el odio visceral al disidente, por ejemplo, Julio Cobos, cuya mera existencia es la prueba de la vulnerabilidad del régimen y un recordatorio de la política entendida como una búsqueda del consenso.
Por último, así como la política determina al Estado y no viceversa, la legitimidad desplaza a la legalidad. En este caso la legitimidad democrática (54%) es la que justifica las persecuciones, la herramienta para excluir y el argumento no dicho que explica la violencia. La "auctoritas" reemplazó a la ley.