Prescribió una causa por una presunta evasión tributaria por unos 250 millones de dólares
Los cargos pesaban sobre ex funcionarios del gobierno de Raúl Alfonsín. Veinte años después del inicio de la causa, los imputados sólo declararon una vez, y la Cámara Federal consideró que el juicio tuvo "demoras indebidas".
La Cámara Federal cerró por "prescripción" una causa en la que estaba imputado Marcelo Da Corte, ex titular de la DGI durante el gobierno de Raúl Alfonsín, por una defraudación tributaria contra el Estado por unos 250 millones de dólares.
Según la documentación, la Sala Primera de la Cámara, con las firmas de los jueces Eduardo Farah y Horacio Cattani, dio por terminada una investigación en la que estaban imputados, además de Da Corte, otros ex funcionarios de la ex DGI: Luis Alberto Muller, Roberto Federico del Río Ortúzar, Ryuti Asiya, Osvaldo Héctor Canova y Alberto Bande.
Sobre ellos pesaban cargos por supuesta "defraudación en perjuicio de la administración pública, encubrimiento y asociación ilícita", vinculadas con "la demora en poner en conocimiento los créditos fiscales falsos producidos por el grupo Koner-Salgado, favoreciendo la producción de un serio perjuicio a las arcas del Estado".
La maniobra reprochada al grupo empresario Koner Salgado se relacionó con la utilización de más de 60 empresas que, a través un complejo entramado de relaciones comerciales y balances contables escalonados, y aprovechando beneficios y regalías impositivas, hicieron que el Estado dejara de percibir unos 250 millones de dólares en materia de impuestos.
La Cámara Federal determinó que "la causa se inició en el año 1988, se llamó a prestar declaración indagatoria a los imputados en el año 1992, y todavía después de 20 años, estaría lejos de concluir".
"Habiendo transcurrido algo más de 19 años desde el primer y único acto interruptivo, incluso una calificación más gravosa del hecho no tendría efectos prácticos en el cómputo del plazo de prescripción de la acción penal… la subsistencia del presente proceso resulta incompatible con el derecho de todo imputado a un juicio sin demoras indebidas", añadieron los jueces.