La iniciativa contempla mayores exigencias a la explotaciones mineras de las regiones próximas a las fuentes de agua.

El Senado aprobó la ley de protección de los glaciares

El debate demandó más de ocho horas, con 40 oradores, y concluyó a las 4 de la madrugada, tras iniciarse a las 20 del miércoles, cuando terminó la aprobación de legislaciones sobre seguridad y acceso a la información pública.

El Senado sancionó esta madrugada por una diferencia de apenas dos votos la ley de protección de los glaciares y su zona adyacente en la versión corregida por la Cámara de Diputados, que contempla mayores exigencias a la explotaciones mineras de las regiones próximas a las fuentes de agua.

Los senadores votaron en dos oportunidades con un resultado exacto, una cuando el dictamen de mayoría (versión del Senado) perdió por 35 a 33 la compulsa inicial y luego con la aprobación del dictamen minoritario (texto de Diputados), por el mismo número de sufragios.

El debate demandó más de ocho horas, con 40 oradores, y concluyó a las 4 de la madrugada, tras iniciarse a las 20 del miércoles, cuando terminó la aprobación de legislaciones sobre seguridad y acceso a la información pública.

La mayor sorpresa de la noche la aportó el anuncio del titular del bloque oficialista, Miguel Pichetto, quien expuso que la presidenta Cristina Fernández "en ningún momento me impuso condiciones" y consideró que "el mejor proyecto es el que viene de Diputados, porque tiene un mayor trabajo y un mayor desarrollo".

Pichetto dijo que adoptó la decisión después de que la jefa del Estado afirmara que no vetaría ninguna de las leyes que aprobara el Congreso, consideró que la iniciativa de la cámara baja "no es una ley antiminera" y argumentó que su posición era compartida por los intelectuales de Carta Abierta y otros sectores que respaldan la gestión del gobierno.

El tema de glaciares fracturó la posición de los principales bloques, por lo cual el Frente para la Victoria (FpV) decidió dar libertad de acción a sus legisladores y la Unión Cívica Radical (UCR) debió aceptar la disidencia de dos catamarqueños.

El salteño Agustín Pérez Alsina fundamentó el pedido de insistir en el pronunciamiento realizado por el Senado el año pasado con el argumento de que "las reformas introducidas por Diputados son un verdadero avance sobre el federalismo argentino en nombre de la protección del Medio Ambiente" y sentenció que "la ecología sin desarrollo es un suicidio comunitario".

El oficialista sanjuanino César Gioja calificó a las reformas introducidas por Diputados como "cambios de orden político que no hicieron más que enturbiar los acuerdos" que habían elaborados los partidos en el Senado.

Los oradores coincidieron en que se trataba de una circunstancia histórica porque, después de varios intentos, el país podía contar con una norma nacional de protección a los ríos de hielo, que constituyen la más importante fuente de reserva de agua potable.

Los que se manifestaron a favor del texto de Diputados insistieron en que la nueva propuesta precisaba requisitos y datos que obligaran a un mayor control de las grandes empresas de minería, para evitar la dilapidación de un recurso estratégico.

Los que argumentaron a favor de insistir en la norma aprobada por unanimidad en el Senado el año pasado, incluso varios opositores, aludieron a que las nuevas condiciones fijadas en la Cámara baja atentaban contra el federalismo y el derecho de las provincias de disponer de los recursos naturales de sus distritos.

Las principales resistencias a los cambios partieron de dirigentes de provincias cordilleranas, incluso por parte de partidarios del arco anti-K, que se plantaron en la defensa de las facultades de los distritos para decidir sobre sus materias primas.

Argumentaron a favor de la sanción de Diputados los oficialistas Daniel Filmus (CABA), Teresita Quintela (La Rioja), Elena Corregido (Chaco) y Rolando Bermejo (Mendoza).

También los radicales Ernesto Sanz (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy), Alfredo Martínez (Santa Cruz), Laura Montero (Mendoza), Luis Naidenoff (Formosa), Mario Cimadevilla (Chubut), José Cano (Tucumán) y los disidentes Graciela Di Perna (Chubut), María Higonet (La Pampa).

Asumieron la misma posición Rubén Giustiniani (Santa Fe), Luis Juez y Norma Morandini (Córdoba), Horacio Lores (Neuquén), María Díaz (Tierra del Fuego), María Eugenia Estenssoro (CABA), Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre (San Luis).

Por su parte, afirmaron que la mejor opción era ratificar el texto votado por el Senado en 2009 los kirchneristas César Gioja, Marina Ríofrío (San Juan), Nicolás Fernández (Santa Cruz), Liliana Fellner (Jujuy), Nanci Parrilli (Neuquén), Jorge Banicevich (Santa Cruz), Eduardo Torres y Elida Vigo (Misiones), Beatriz Rojkés (Tucumán) y los radicales Oscar Castillo y Blanca Monllau (Catamarca). En cambio, se abstuvo el justicialista sanjuanino Roberto Basualdo.