La justicia de la Capital Federal anuló el llamado a licitación del gobierno porteño para la construcción de una autopista subterránea cuyo trazado estaba previsto para pasar por debajo de la Avenida 9 de Julio.

El juez en lo contencioso administrativo y tributario Guillermo Scheibler hizo lugar a sendos amparos presentados por un grupo de legisladores –entre ellos Eduardo Epzsteyn- y por la organización no gubernamental Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), que cuestionaron vicios de procedimiento en la convocatoria a la presentación de ofertas para la obra.

“El sistema constitucional porteño, que profundiza el tradicional mecanismo de frenos y contrapesos con múltiples institutos de participación multisectorial y ciudadana, sencillamente ya no tolera que una obra de la envergadura económica y ambiental de la presente pueda ser decidida e impuesta por la sola voluntad de un funcionario, sin la realización de un complejo proceso de consultas y deliberación previos, a la vez que un adecuado control de legalidad de los diversos aspectos jurídicos y financieros involucrados”, subrayó el juez.

El fallo, de 23 páginas, sostiene que el llamado a licitación no cumplió con el paso previo de evaluación de impacto ambiental, no habilitó la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental, ni dictamen de la Procuración General y por cumplir con la manda legal de requerir autorización legislativa para el endeudamiento para afrontar la obra.

Según la estimación oficial, sólo en una primera etapa la obra demandaría 830 millones de pesos, para la construcción de los primeros dos túneles bajo la Avenida 9 de Julio.

En octubre de 2009 el mismo juez había dictado una medida cautelar que suspendía la licitación precautoriamente, mientras se analizaba el reclamo de fondo, pero en julio pasado su superior jerárquico, la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, dejó sin efecto la decisión de Scheibler.

La causa siguió su trámite y ahora el juez dictó un fallo que va al fondo de la cuestión, es decir que no se trata ya de una medida provisoria sino de una decisión que le da la razón a las argumentaciones de los legisladores y la ONG que presentaron los amparos.