La Plata- Lidia Papaleo viuda de Graiver pidió hoy a la Unidad Funcional de Coordinación y Seguimiento de Casos de Violencia de los Derechos Humanos que la incluya en el programa de "testigo protegido" a raíz de sus declaraciones en la causa Papel Prensa.

La ex esposa del fallecido banquero David Graiver concurrió este mediodía a la unidad encabezada por el fiscal Marcelo Molina en compañía de su hermano Osvaldo Papaleo, ex vocero de la Presidenta María Estela Martínez de Perón, para cumplimentar el trámite previsto en ley 25.764.

Su permanencia en la Oficina Fiscal Federal de calle 7 y 51, no se prolongó por más de media hora y no hubo declaraciones a la prensa ni a su ingreso ni cuando abandonó el lugar.

Voceros de la fiscalía explicaron que este tipo de requerimientos es común en casos de violaciones a los derechos humanos y en investigaciones de delitos de narcotráfico y que, con su sola presentación, la persona es incluida en el programa.

El juez federal de La Plata Arnaldo Corazza delegó en la Unidad la investigación para determinar si hubo algún delito en la compra de acciones de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en 1976.

Esa causa fue iniciada antes de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidiera enviar a la Justicia el informe que elaboró el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sobre Papel Prensa.

Sucede que el magistrado platense recibió el caso de parte de su colega porteño Daniel Rafecas, que había tramitado la causa número 44.636 y se declaró incompetente porque parte de los supuestos hechos a investigar habrían ocurrido en la dictadura en el partido de Quilmes, episodios que ya analizaba Corazza antes de que el distrito quilmeño tuviera su propio juzgado federal.

La denuncia había sido radicada por el titular del juzgado en lo Civil y Comercial 2, Eduardo Malde, a cargo de un expediente sobre Papel Prensa, luego de notificarse de los testimonios de Lidia Papaleo y Rafael Ianover, viuda y ex testaferro de David Graiver, en una asamblea de accionistas, a partir de lo cual se estableció una presunta asociación entre la operación accionaria y la dictadura.

La Sala I de la Cámara Federal decretó que no estaba en condiciones "de resolver sobre la naturaleza y jurisdicción de los delitos investigados" porque el fiscal ante ese tribunal, Germán Moldes, desistió de apelar la decisión del juez de primera instancia, Rafecas.

Luego de tramitado ese incidente, Rafecas, que había dictaminado "la posibilidad de delitos de lesa humanidad" en el caso, ordenó el envío del expediente a Corazza, juez que instruyó la causa por el llamado "circuito Camps" de la represión ilegal durante la dictadura.

Uno de los campos de concentración de esa zona era "Puesto Vasco", donde estuvo secuestrado en marzo y abril de 1977 parte del llamado "clan Graiver" que había sido el propietario de las acciones de Papel Prensa vendidas a los diarios.

"Puesto Vasco" funcionaba en una división policial de cuatrerismo ubicada en Pilcomayo 59 de la localidad de Don Bosco, en el distrito de Quilmes, y por allí también pasaron el ex gobernador Victorio Calabró y el periodista Jacobo Timerman.

Por los delitos perpetrados allí irán a juicio oral el ex gobernador Ibérico Saint Jean, su ministro de gobierno Jaime Smart y los ex oficiales superiores de la policía provincial que se encuentran aún con vida: Miguel Osvaldo Etchecolatz y Rodolfo Aníbal Campos, más una veintena de supuestos represores.