El ministro del Interior, Florencio Randazzo, rechazó que el 24 de agosto próximo vayan a caer las retenciones al agro impuestas por el Gobierno por más que, eventualmente, ese día venzan las facultades legislativas que el Congreso delegó al Ejecutivo.

El 24 de agosto vencen las facultades legislativas delegadas al Ejecutivo por el Congreso y, según Randazzo, "lo que caduca ese día es la facultad del Ejecutivo de fijar retenciones agropecuarias, pero no esa herramienta, que se mantiene vigente hasta tanto el Congreso dicte una ley que la derogue o la modifique".

"Los efectos jurídicos de las decisiones tomadas por las facultades delegadas no caducan" el 24 de agosto, enfatizó Randazzo en declaraciones radiales.

La explicación de Randazzo difiere de la expresada el martes durante un debate en la Exposición Rural por el constitucionalista Daniel Sabsay, quien aseguró que el 24 de agosto, en caso de "no existir proyecto alternativo" también quedarán sin vigencia las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

Sabsay indicó que si el 24 de agosto caen las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, también quedan sin efecto "las normas dictadas en función de las mismas", entre ellas, las retenciones a las exportaciones de granos.

"Siguen la suerte de las normas que le sirvieron como fuente. No tienen autonomía. Además, en el caso de las retenciones, fueron mal delegadas porque no se determinó un plazo de vigencia. Las retenciones son facultades delegadas con una cantidad de violaciones groseras", evaluó.

Ante esa eventualidad, Randazzo pidió a los legisladores que "tengan seriedad y responsabilidad porque a la Argentina le está yendo muy bien económicamente. Nosotros creemos que esas facultades delegadas son necesarias", dijo Randazzo. Cuando se le preguntó si existe la idea, en el oficialismo, de prorrogarlas, respondió: "Es un tema que se está analizando".

Por su parte, Sabsay recordó que en la reforma constitucional de 1994 se estableció una cláusula transitoria que fijaba que las facultades delegadas pre-existentes a ese año, que no tuvieran una fecha para su ejercicio, caducaban a los cinco años.

"En 1999, el Congreso ratificó por la totalidad de las normativas sin investigar de qué legislación se trataba y sin hacer diferenciación. En agosto de 2009, esto se modificó, y se estableció que el plazo de prórroga es de solo un año, y se creó una Comisión Bicameral para analizar toda la normativa. Esta Comisión está recomendando la reasunción en plenitud del Congreso de sus facultades constitucionales", remarcó.