Los procuradores general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y general de la Nación, Eduardo Righi, acordaron hoy acciones conjuntas para recuperar bienes y dinero proveniente de causas por casos de corrupción contra el Estado. 

El acuerdo fue suscripto en la sede de la Procuración General de la Nación, en la calle Guido 1577, de la Capital Federal, por funcionarios de ambas instituciones. 

"El objetivo es implementar acciones conjuntas relativas al recupero de bienes, acciones de lesividad y causas penales en las que se investiguen eventuales delitos cometidos contra la administración pública", afirmó Da Rocha. 

Se trata de una "idea fantástica y necesaria" ya que este tipo de causas "llegaban a un punto en que se frenaba la posibilidad de concretar recuperos", explicó el procurador del Tesoro en unas breves palabras antes de firmar el acuerdo con Righi. 

Da Rocha cuestionó que en el Estado "muchas veces se trabaje como en compartimentos estancos" y dijo que la intención del convenio es "obtener mejores resultados" para recuperar bienes y dinero provenientes de causas por corrupción. 

El procurador definió el acuerdo como la posibilidad de cooperar y de intercambiar información sobre causas judiciales que se estén tramitando para "hacer un funcionamiento más eficiente". 

"Colaborar y establecer acciones conjuntas entre las Procuraciones es hasta obligatorio diría yo", añadió y definió a las dos instituciones como "organismos hermanos". 

La Procuración General de la Nación -a cargo de Righi- es el organismo que ejerce la jefatura de todo el ministerio público, es decir, de los fiscales nacionales y federales que investigan e impulsan las acusaciones por delitos penales. 

Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación es el Cuerpo de Abogados del Estado que tiene a su cargo la asesoría jurídica de la Presidencia de la Nación y la defensa en los juicios iniciados por y contra el Poder Ejecutivo y todos los organismos de su administración. 

En ese rol, audita y controla todos los juicios en los que interviene el Estado Nacional. Además, la Procuración patrocina al Estado en las causas de trascendencia institucional y en los juicios iniciados contra el país en el extranjero. 

En el convenio se estableció el compromiso de que ambos Procuradores intercambiarán experiencias, consultas y asesoramiento general en las causas vinculadas con delitos contra la administración pública. 

"Para eso cada uno de los organismos intercambiará información y le permitirá al otro el acceso a su base de datos sobre causas y acciones que el Estado nacional haya iniciado sobre recupero de bienes o delitos contra la administración para iniciar acciones con el propósito de volver a obtener los recursos", especifica el acuerdo.