Cristina Fernández de Kirchner cruzó el río de la Plata para decirle nuevamente a su colega José Mujica que no puede desalojar a los piqueteros de Gualeguaychú. Después explicó a la prensa que esa impotencia debe ser atribuida a que la Justicia no actúa, a una "deficiencia del sistema institucional" y a que los cortes de ruta serían ilegítimos, pero no ilegales, según una opinión que le endosó al juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.
Para salir del paso echó mano a una serie de argumentos variados y contradictorios que apenas encubrieron su intención de transferir responsabilidades propias a terceros.
El único rapto de franqueza presidencial fue el recuerdo de que durante la breve estadía de Eduardo Duhalde en la Casa Rosada "tuvieron que adelantarse las elecciones" como consecuencia de la sangrienta represión a dos piqueteros. Nadie pretende, obviamente, que algo así se repita.
Esta admisión de impotencia hizo que algunos comentaristas recordaran los "pecados de origen" del kirchnerismo en el caso. Por ejemplo, el intento miope y cortoplacista de montarse políticamente en la movilización de los vecinos, al declararla "causa nacional" en 2006. También se recordó que el gobierno defendió el piquete ante un tribunal arbitral del Mercosur, alegando de manera insólita que se trataba de una manifestación del derecho a la "libertad de expresión", que debía prevalecer por sobre el derecho a la "libre circulación".
Esos errores, de todas maneras, ya no tienen remedio. Pero el problema que persiste es la impotencia ante los cortes, piquetes, bloqueos u otras formas de violencia privada de toda la dirigencia política y de las instituciones que conduce. Es probable que la conducta del actual gobierno haya contribuido especialmente a socavar el principio de autoridad, pero se trata de un cuestión que viene de lejos y que tuvo un giro decisivo con la pasada crisis de 2001.
Así como los militares perdieron cualquier prestigio que les quedara a causa de la derrota de Malvinas y pasaron a ser repudiados por el grueso de la sociedad, la dirigencia política y las instituciones democráticas sufrieron un desgaste del que todavía no se han recuperado a raíz de la débŒcle de 2001 y de la crisis económica y social que la siguió.
Una importante porción del electorado -en especial de clase media urbana- reclamó "que se fueran todos" y aunque la mayoría esquivó la repulsa y logró maniobrar hasta quedarse, en el camino dejó la legitimidad, la autoridad moral y el respeto público indispensable para ser obedecida. Pudo sortear el caos de 2001, pero sigue desconcertada, sin reacción y sin ascendiente sobre una población de la cual, además, está aislada. En este terreno los políticos sólo atina a disimular; a hacer como si estuviesen investidos de un poder que la gente les niega. Pretenden que la impotencia es problema de los otros.
Uno de los aspectos más perniciosos de esta tragedia es que la repulsa a los políticos se contagió a las instituciones. Las groseras manipulaciones a la Justicia dieron como resultado que muy pocos crean en ella. Ni en la Justicia, ni en las fuerzas del orden. El jueves pasado un grupo de indocumentados agredió a la policía cuando intentaba cerrar talleres clandestinos en La Matanza. Ni los explotadores del trabajo infantil respetan a ya la bonaerense.
Dos días antes en el Senado había comenzado a ser analizada la ley de matrimonio entre homosexuales. Varios de los representantes de organizaciones de gays y lesbianas trataron con inocultable desprecio a los legisladores que se oponen a la norma y uno hasta descalificó a la presidenta de la comisión de Legislación General por pertenecer al Opus Dei. La iglesia y las provincias supuestamente "conservadoras" que negarán su voto a la norma también fueron menospreciadas sin que alcanzaran a reaccionar.
La dirigencia está aislada de la sociedad hasta el punto de que quedó sorprendida con el éxito de los festejos populares del Bicentenario. Vive en su mundo de privilegios y de lucha perenne por mantenerlos; más pendiente de los medios que de lo que realmente pasa en la calle. Por eso no consigue ser obedecida y recurre a argumentos insostenibles para justificarse. Dice que cortar rutas es "expresarse" y que la coacción legítima del estado es represión, omitiendo que orden y libertad no son términos contrarios sino complementarios y que sin orden la libertad es imposible.
