Alarmante informe del Centro Mandela de Derechos Humanos
Tres de cada cuatro policías chaqueños son pobres, y la mitad indigentes
El salario mínimo de un policía en Chaco, de 1300 pesos, equivale al 34 por ciento del valor mensual de la canasta alimentaria total. Según el estudio, estas carencias económicas propician violencia y corrupción en la policía.
El 75 por ciento de los policías chaqueños no alcanza a cubrir con su salario el valor de la canasta familiar total, en tanto la mitad del plantel de la fuerza de seguridad en actividad se encuentra en la indigencia, resaltó un informe del Centro Mandela de Derechos Humanos.
La organización social elaboró un informe en el que destacó que el "sueldo de bolsillo que cobra un agente de policía que se inicia" es de 1.300 pesos, una cifra que "no alcanza a cubrir siquiera el costo real de la canasta alimentaria".
El documento detalló que el salario mínimo de un policía en Chaco equivale al "34 por ciento" del valor mensual de la "canasta alimentaria total", que incluye servicios públicos, ropa, calzado, productos de limpieza y medicamentos, entre otros rubros.
"Sobre la base de la estructura de cargos actualizada de la policía provincial, alrededor del 75 por ciento de los policías no alcanzan a cubrir el monto mensual de la canasta familiar total, por ende, están por debajo de la línea de pobreza", expresó el Centro Mandela.
En tal sentido, agregó que "del total del personal policial, aproximadamente el 50 por ciento no alcanza siquiera a cubrir el costo de la canasta alimentaria saludable".
"La conclusión es alarmante: tres de cada cuatro policías son pobres y la mitad de los policías en actividad son indigentes", resumió la organización humanitaria.
El Centro Mandela dijo que "los dos grandes problemas" que "conspiran contra un funcionamiento eficiente de la institución policial son la violencia y la corrupción, instalados en los distintos niveles" de la fuerza.
Sin embargo, en la actualidad se agregó "como fenómeno creciente producto de la inflación el tema de la pobreza y de la indigencia de gran parte del personal policial".
La situación, según el estudio, "genera un cóctel explosivo que probablemente potencie la inseguridad pública" porque "las carencias económicas auspician o promueven una mayor violencia y una más alta tasa de corrupción en las filas" policiales.
La organización de derechos humanos consideró "probable que las consecuencias, actuales y futuras" de este factor "no estén siendo correctamente analizadas y contempladas por el gobierno provincial" que conduce Jorge Capitanich.
"La realidad, gradualmente" puede transformarse "en un gran polvorín social en el que el propio policía sea un factor importante en el aumento de la inseguridad pública", finalizó el documento.