La presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó este mediodía la ley que autorizará a la Justicia a ordenar la toma de muestras biológicas de las personas "más allá de su voluntad" para determinar el ADN genético y que servirá para comprobar la identidad de niños apropiados durante la dictadura militar.

Tras la firma del decreto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aclaró que la norma no prevé la "compulsividad" en la extracción de sangre y destacó el "alivio" que las metodologías alternativas pueden generar a jóvenes recuperados porque, dijo, "no tienen que ser ellos los que tengan que mandar a la cárcel" a sus apropiadores.

También negó una puja con la directora del diario Clarín por este tema cuando aseguró: "Creían que esto era una guerra entre la Presidenta y la señora (Ernestina) Herrera de Noble, nosotros no tenemos guerra, la presidenta menos, pero es un caso entre los centenares".

"Nosotros queremos recuperar todos los chicos, no tenemos guerra con nadie, solamente la tenacidad de insistir en que nuestros nietos recuperen sus derechos", acotó.

Cuando se le preguntó qué pasaba en el caso de que el dueño de casa se negara a permitir el ingreso de la Justicia para la toma de pruebas biológicas, Carlotto advirtió que pasará "lo mismo que pasa cuando alguien va a sacar el documento y se niega a poner el dedo" para tomarse las huellas dactilares.

"Hay leyes para todos y esas leyes hay que cumplirlas", sentenció. La nueva norma establece un procedimiento relativo a la obtención del ácido desoxirribonucleico (ADN) para los casos de apropiación de menores durante la última dictadura militares.

En ese sentido, establece que, cuando la "presunta víctima" se niegue a dar muestra de sangre, saliva, piel, cabello u otra muestra biológica, como se establece para los imputados u otras personas involucradas en la causa, se procederá a un eventual "registro domiciliario o una requisa personal".

Es decir, se faculta a utilizar una forma no invasiva, como la búsqueda de cabellos en peines, para obtener la pruebas que permitan la identificación fidedigna de la víctima de sustracción forzada de la identidad, como ocurrió con los hijos de desaparecidos.

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de medidas reclamadas por las organizaciones de Derechos Humanos, como otra ley para constituirse como querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad y la creación de un nuevo Banco Nacional de Datos Genéticos. La jefa de Estado también promulgó hoy la ley que despenaliza el delito de calumnias e injurias en expresiones referidas a asuntos de "interés público".

El periodista y titular del CELS, Horacio Verbitsky, resaltó que esta norma representa "un avance para la libertad de prensa".

En la audiencia donde la Presidenta firmó los dos decretos de promulgación estuvo también presente el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.