La Prensa

La SIP advierte que la ley podría darle al Estado poder para "premiar y castigar"

La Sociedad Interamericana de Prensahizo un llamado público al Congreso Argentino y se solidarizó con la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), en el reclamo de que “el acceso sin restricciones de los ciudadanos a las fuentes de información y la sustentabilidad de los medios privados de comunicación son valores primordiales para la democracia".

El siguiente es el texto completo del Comunicado de la SIP con relación a la discusión de la ley de medios que se realiza en el Congreso: "La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hizo hoy un llamado público al Congreso Nacional de Argentina para que el polémico debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se produzca “sin apasionamientos ni apresuramiento” que pudieran socavar los propios fines de la nueva legislación que busca ordenar el espacio radioeléctrico, así como coartar la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información diversa y plural.

"El 27 de agosto, la presidenta Cristina de Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley de radiodifusión que ha causado un amplio debate social y entre legisladores oficialistas y de oposición, quienes difieren tanto en el contenido de la legislación como en el procedimiento para su aprobación. La iniciativa busca reemplazar una ley vigente desde la dictadura militar.

"Desde que el proyecto fuera develado por la Presidenta en marzo pasado, la SIP viene observando con preocupación que mucho de los argumentos utilizados podrían estar vinculados a “actitudes revanchistas” y de crítica del gobierno nacional en contra de los medios de comunicación independientes, situación que el propio ex presidente argentino, Néstor Kirchner, ha hecho pública en reiteradas ocasiones contra el Grupo Clarín, uno de los conglomerados de medios más importantes del país, así como en campañas de desprestigio contra ese y otras compañías de comunicación.

"El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, expresó la preocupación de que “una legislación tan importante para la solidez democrática de Argentina y el ordenamiento del espectro radioeléctrico termine politizada, siendo una actitud contraria a los fines y objetivos que deben guiar su discusión”.

"Santos Calderón del periódico El Tiempo, de Colombia, agregó que “es necesario garantizar la diversidad y pluralidad y ordenar el espectro radioeléctrico, pero ello no implica crear un Estado omnipresente que pudiera utilizar la ley en su privilegio para administrar la adjudicación de licencias en forma arbitraria para premiar y castigar, penalizar a discreción o crear un monopolio de medios estatales”.

"En su reclamo de alcanzar un debate parlamentario amplio sin “apresuramientos ni apasionamientos”, la SIP pidió también que se tenga en cuenta a las entidades periodísticas, medios de comunicación y organizaciones civiles e intermedias de todo el territorio nacional, sin discriminación.

"La polémica en torno al proyecto está centrado en numerosos puntos que se consideran pueden lesionar el libre flujo de ideas e incluso llegar a condicionar los criterios editoriales de los medios privados y sus contenidos. Entre ellos, prohíbe a una compañía tener canales de aire y de cable, teniendo que vender uno u otros antes del año a pesar de que hayan renovado recientemente sus licencias por diez años como estipula la ley actual; discrimina a medios escritos en cuanto a acceder a licencias para medios audiovisuales; crea un órgano de control, sin autonomía real del gobierno, que pudiera ser utilizado en forma política; y, entre otros puntos, se revisarán las licencias otorgadas cada dos años, un control excesivo que se convertirá en un método para generar autocensura.

"Por otra parte, la SIP se solidarizó con instituciones periodísticas argentinas, tales como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), en el reclamo de que “el acceso sin restricciones de los ciudadanos a las fuentes de información y la sustentabilidad de los medios privados de comunicación son valores primordiales para la democracia y como tal deben ser preservados en cualquier marco jurídico".