El miércoles pasado en Lanús un menor de edad acribilló a tiros a un hombre al que quiso robarle el auto. Ante la ausencia de la policía fue atrapado por los vecinos. Como la ambulancia del servicio de emergencia tampoco aparecía, los propios vecinos debieron trasladar al herido, que murió camino al hospital. Cuando más tarde apareció el fiscal para averiguar lo ocurrido lo molieron a golpes. Hicieron otro tanto con un funcionario municipal encargado de la seguridad y también le pegaron a un policía. Hubo una marcha multitudinaria de protesta, al borde de la pueblada. El clima era incandescente.

A pocos metros de la Capital el Estado no cumple con sus funciones elementales y la mayoría de los habitantes está librada a su suerte. Debe velar por su propia seguridad, atrapar delincuentes, trasladar heridos. ¿Qué estaban haciendo a esas horas los funcionarios que tienen en sus manos el poder Estado? Dedicaban sus mejores esfuerzos a ingresar al directorio de la empresa privada más grande del país con las acciones capturadas en la expropiación de los fondos de las AFJP.

El problema de la inseguridad no es nuevo, como dijo Néstor Kirchner para exculpar al gobierno de su mujer, ni puede atribuirse la responsabilidad de lo que ocurre a Daniel Scioli. Pero, aunque eso fuera parcialmente cierto, la sociedad parece haber llegado a un punto de saturación. De nada les sirve a los Kirchner pasarle la pelota a la Justicia o al Congreso, si en apenas 70 días esos mismos vecinos ofuscados van a tener en sus manos un voto capaz de convertirse en represalia.

Las martingalas electorales de las últimas semanas poco pueden hacer al respecto. El adelanto de las elecciones, las candidaturas testimoniales, el plebiscito sobre el "modelo" pasarán a cuarto lugar cuando los votantes empiezan a comprobar que la falta de gestión llega a niveles alarmantes.

Cuando sospechan que la Presidenta se dedica a las relaciones internacionales de un país aislado, mientras el ex presidente se ocupa "full time" de la campaña y el Gobierno queda -como los habitantes del conurbano- en manos de los Stornelli, de los Aníbal Fernández o de una Justicia que demostró su absoluta ineptitud para frenar el delito impune. Por suerte para la administración Kirchner el panorama opositor es muy parecido al del oficialismo. De lo contrario los comicios del 28 de junio estarían ya perdidos.

Como la gestión entró en punto muerto, los problemas crónicos generan un ya insoportable diálogo de sordos. En materia de inseguridad, los funcionarios y políticos insisten en que el camino no es el uso de la coacción del Estado y que todo debe ser atribuido a la desigualdad económica. Curiosamente aseguran al mismo tiempo que en sus 200 años de existencia la Argentina nunca creció como en los últimos cinco. A esta altura el grueso de la opinión pública ya comprobó que no se trata de que el kirchnerismo se complazca en la estrechez de sus ideas, sino que carece de cualquier posible solución para el problema.

Una impresión parecida recibió además esta semana respecto de la expansión del dengue, que ya se extendió a la Capital Federal.

La ministra Graciela Ocaña dio su visto bueno a un proyecto de ley que declaraba el alerta epidemiológico nacional y que recibió el apoyo unánime de la Cámara de Senadores.

Pero cuando estaba a punto de ser votado alguien sospechó en Olivos que podía generar un impacto negativo para la imagen del país que el Congreso admitiese que la Argentina estaba en alerta nacional. Llegó entonces una orden telefónica y se suspendió el tratamiento del proyecto responsabilizando en este caso del insólito giro a la prensa que magnificaba supuestamente la gravedad de la epidemia y a la oposición que también supuestamente quería explotar la desgracia general en beneficio propio.

No se pudo de todas manera evitar el estupor de peronistas y opositores y el papelón institucional más sonoro que se recuerde desde 1983. Tampoco se pensó en buscar una salida reformulando el proyecto o mediante un nuevo acuerdo con la oposición.

A la misma persona que se le ocurrió a última hora que la noticia de la emergencia podía causar un perjuicio, lamentablemente sigue sin ocurrírsele la manera de poner en marcha un plan eficaz para frenar la expansión de la enfermedad.