"Es una profunda inmovilidad"

Este proyecto supone considerar tres cuestiones: la primera, todo lo que es la movilidad impaga en los años pasados. Desde el fallo Badaro en adelante, hay un conjunto importante de jubilados -casi un 48% del sistema- que son quienes se encontraban en 2001 por encima de los 250 pesos y que no recibieron aumentos acorde a lo que planteó la Corte Suprema. Esa deuda que el Estado tiene acumulada con ellos es un primer tema de movilidad sobre el cual este proyecto no hace y dice absolutamente nada. Es antipático observar que el mismo gobierno, que no tiene empacho alguno en pagar -sin investigar- la deuda con el Club de París de casi 7 mil millones de dólares, no asume una deuda harto más legítima y varias veces inferior, sostuvo a La Prensa

El segundo punto es que, aún sin pagar ese retroactivo, lo que debió haber hecho el Estado, de mínima, era recomponer la estructura de los haberes. En el 2001 sólo el 17% se encontraba en la mínima, hoy lo está el 76%. Ocho de cada diez mayores cobran el haber mínimo. Y lo que los mayores esperan de este proyecto es que los lleve a un haber más cercano a lo que alguna vez aportó.

A quien cobraba en 2001 más de 250 pesos y que hasta hoy no recibió las subas que le corresponden, lo lógico es que el Estado los reciba y que pasen a tener no 680 pesos de mínimo, sino 700, 800 o 1.200 pesos, es decir recomponer una estructura de haberes. Esto implicaría no más de 7 mil millones de pesos que el sistema está en condiciones de pagar ya. Sobre recomponer los haberes este proyecto tampoco dice absolutamente nada.

El tercer elemento de la movilidad es la actualización a futuro que en todo caso se va a plantear para los haberes jubilatorios. Allí la lógica indica que si el haber es un sustituto del salario implica que la movilidad debe seguir el aumento de los salarios y esto no lo garantiza este proyecto, sino que plantea y propone una fórmula tramposa y engañosa donde mezcla salario con retribución tributaria. Esto persigue un solo objetivo: ponerle techo y límites al incremento y garantizar que la Anses siga siendo, como hasta ahora, una caja superavitaria donde los recursos terminen en otros objetivos en vez de pagar haberes jubilatorios. Llámese créditos de 800 millones de pesos para AYSA o bien, 8.000 millones en letras para financiar deuda pública. Con esta fórmula, para 2009 no se podrá pagar más que un 7,9% anual de incremento lo cual indica el nivel de restricción. En cambio con la variable salarial estaríamos en el orden del 20%. Así el proyecto es de una profunda inmovilidad.

P.F.P..