La Iglesia preocupada por quedar fuera del debate por la ley de radiodifusión

El vocero episcopal indicó que se "valora positivamente la intención del Poder Ejecutivo de modificar la ley, pero es muy importante que la Iglesia, otros credos y organizaciones comunitarias tengan presencia en el espectro de la radio y la televisión".

La Iglesia expresó hoy su "preocupación" frente a la posibilidad de quedar excluida del debate por la Ley de Radiodifusión que propicia el Gobierno, al término de la reunión de la comisión permanente del Episcopado que culminó sin una declaración sobre temas de coyuntura.


"Preocupa a los obispos quedar al margen de este debate, por lo que reiteran que la Iglesia quiere participar en su formulación y no perder derechos adquiridos", dijo el vocero episcopal, presbítero Jorge Oesterheld.

El portavoz aseguró que "la Iglesia valora positivamente la intención del Poder Ejecutivo de modificar la ley", vigente desde 1981, en plena dictadura militar, pero advirtió que es "muy importante que ella (la Iglesia), otros credos y organizaciones comunitarias tengan presencia en el espectro de la radio y la televisión".

"La Iglesia espera que se respeten sus derechos adquiridos, entre ellos poder seguir manteniendo las emisoras de radio y televisión que ya tiene, y pide que también se respete su trabajo pastoral en los medios", subrayó.

Oesterheld recordó que miembros de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, que preside monseñor Mario Maulión, entregaron en mayo pasado una carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitando se le permita a la Iglesia hacer su aporte y participar en el debate del proyecto de Ley de Radiodifusión.

El Episcopado explicaba en esa misiva que se sentía convocado a participar de la gestación de este nuevo ordenamiento, y reclamaba que la ley se oriente "al bien común, a la trascendencia, y al valor central y estratégico que tiene la comunicación social para sostener los valores de la familia, la educación y la sana convivencia".

En tanto, la veintena de obispos presidida por el cardenal Jorge Bergoglio cerró hoy tres días de deliberaciones en Buenos Aires sin un pronunciamiento sobre temas de coyuntura, como se especuló, sino que circunscribió el debate a cuestiones "pastorales".

Los prelados prepararon sobre todo la asamblea plenaria de noviembre próximo, que tendrá carácter electivo. Elección que a priori no presentará sorpresas, ya que la mayoría de los obispos están habilitados por estatutos para ser reelectos en sus cargos dentro de la estructura episcopal, incluido Bergoglio como presidente.

También se abocaron al estudio del proyecto pastoral "Camino al Bicentenario", propuesto por la Comisión Nacional de Justicia y Paz que preside el laico Eduardo Serantes y cuyo asesor eclesiástico es monseñor Jorge Casaretto, obispo de San Isidro.

Esa iniciativa tiene como objetivo que los argentinos pasen de habitantes a ciudadanos, a fin de contribuir al bien común en una sociedad que la Iglesia advierte fragmentada y con inequidad social "escandalosa". La idea inclusiva -que reconocen avanza lentamente- apunta a propiciar consensos con sindicalistas, empresarios, organizaciones no gubernamentales y referentes de creencias religiosas, que puedan convertirse en proyectos de ley o transformarse en políticas de Estado.

Para coordinar esas acciones de cara al "desafío para la Argentina del Bicentenario", el Episcopado conformó una integrada por los obispos Jorge Casaretto (San Isidro), Sergio Fenoy (San Miguel) y Guillermo Rodríguez-Melgarejo (San Martín).

El plenario acotado escuchó además un balance del programa para crear mayor conciencia en los fieles sobre la contribución al sostenimiento del culto católico y que, pese a los esfuerzos, desde hace una década no lograr echar por tierra la creencia de que la Iglesia "tiene mucha plata" o "vive del dinero que recibe del Estado".