Genera polémica un proyecto religioso

POR HERNAN CONSALVO El anteproyecto de libertad religiosa ideado por el Gobierno a través de la Secretaría de Culto -a cargo de Norberto Padilla- ha generado cuestionamientos por parte de algunos obispos de la Iglesia Católica. Si bien una comisión del Episcopado -que encabeza Estanislao Karlic- está analizando el anteproyecto, y aún no ha dado a conocer su opinión oficialmente, los obispos críticos hacen hincapié en que la iniciativa gubernamental impondría en el país una igualdad religiosa contraria a la idiosincrasia nacional. Para ser más claros: cualquier religión podría obtener un marco legal a la par de la Iglesia Católica, con todo lo que ello significa (beneficios especiales, voz y voto a la hora de aconsejar o de criticar). El anteproyecto es fruto de una comisión integrada por catorce miembros de distintos credos (católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, entre otros), convocados por el mismo secretario de Culto. La última arremetida oficial por parte del Gobierno de intentar modificar el actual régimen de cultos -que data del gobierno militar- fue en 1993. En esa oportunidad, el proyecto fue aprobado por unanimidad por el Senado, pero su tratamiento quedó demorado en Diputados y perdió estado parlamentario. Ahora, el objetivo del Gobierno es lograr el consenso entre todas las religiones para que el proyecto no fracase en el Congreso. Desde mayo, cuando el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini lo presentó públicamente, todas las religiones se abocaron a analizar el anteproyecto. En esa oportunidad, las voces críticas surgieron de los pentecostales y de los evangélicos. Hasta el Consejo Nacional Cristiano Evangélico (CNCE) presentó su propio proyecto e incluso cuestionó el artículo 8, donde se reafirman todos los derechos que la Constitución y los acuerdos con la Santa Sede le reconocen a la Iglesia Católica. Pero, desde ese momento, las cúpulas de todas las religiones vienen manteniendo contactos catalogados como históricos para limar asperezas sobre el anteproyecto. Hasta ahora, ninguna de las religiones ha dado a conocer en forma oficial su opinión sobre el anteproyecto, pero en la Iglesia Católica -la religión con mayoría de fieles en el país- ya se alzaron voces que, a título personal, critican al Gobierno. BASEOTTO El obispo de Añatuya, monseñor Antonio Baseotto, consideró que, debido a la grave crisis económica social del país, "éste es el momento menos oportuno para presentar el anteproyecto. Pero, si buscamos favorecer a un sector, es el más oportuno". "Es necesario reflexionar si por libertad religiosa se entiende libertad de conciencia o equiparar todas las confesiones", agregó. El prelado norteño destacó que "la Argentina se declara católica y que siempre se han respetado las demás confesiones. A ninguno se lo ha perseguido; al contrario, la que ha sufrido persecución ha sido la Iglesia Católica". "Equiparar todas las religiones -dijo- es renunciar a la identidad como país. Y en este momento sería fatal para la Argentina. Esto lo podemos ver más claramente desde el interior. No es tan claro, tal vez en Buenos Aires, donde el árbol impide ver el bosque." El obispo también hizo referencia a la amplitud del término "confesiones religiosas" porque, según el prelado, se estaría dando pie a la proliferación de sectas. Por último señaló que el proyecto "anularía el artículo 2 de la Constitución" y criticó el derecho a la libertad religiosa que tendría un menor con uso de razón, destacando que se perdería, entre otras cosas, la patria potestad de los padres. Por su parte, el jefe de gabinete de la Secretaría de Culto, Juan Navarro Floria, en una columna de la revista "Consudec", defendió el anteproyecto ante la arremetida de los obispos, al señalar que su creación "responde a una necesidad impostergable, que es dar a las confesiones religiosas distintas de la Iglesia Católica un marco para su organización jurídica civil, del que hoy carecen". El funcionario explicitó un párrafo del Conci