El exgobernador entrerriano ya duerme tras las rejas luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme su condena a ocho años de prisión por corrupción y administración fraudulenta. Aunque su defensa intentó manotazos de ahogado alegando picos de presión y estrés postraumático para pedir la domiciliaria, los jueces le bajaron el pulgar y activaron de inmediato el operativo de captura.
La orden de la Corte no solo afectó al dirigente kirchnerista. También cayeron su cuñado, Juan Pablo Aguilera (excapo del PJ entrerriano), y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez. Ambos recibieron una pena de seis años y medio de cárcel más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El operativo arrancó el viernes por la noche e incluyó un viaje de 280 kilómetros desde Concordia. Terminó de concretarse en la madrugada de este sábado, cerca de las dos de la mañana. Tras pasar unas horas en la Alcaidía de Paraná, los tres fueron trasladados directamente a la Unidad Penal N° 1 de la capital entrerriana.
No es la primera vez que Urribarri termina en el calabozo por esta causa. Ya había pasado 50 días guardado entre finales de 2024 y principios de 2025 por una preventiva ante el riesgo de fuga, pero una sala de feria provincial lo había dejado salir. Esta vez la decisión judicial es definitiva
El caso que lo mandó a la sombra fue impulsado por la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche. La Justicia comprobó que el exgobernador armó un monumental esquema de desvío de fondos públicos y cartelización de la publicidad oficial.
Básicamente, direccionaban los contratos del Estado provincial para beneficiar a las empresas de su cuñado, Aguilera. Además, usaron la caja pública para financiar la campaña presidencial de Urribarri en 2015 (la famosa aventura del Sueño Entrerriano), pagando con fondos de los contribuyentes un parador playero en Mar del Plata y spots de televisión durante la Cumbre del Mercosur de 2014. Urribarri gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015, y luego Alberto Fernández lo premió mandándolo como embajador a Israel, cargo del que tuvo que eyectarse en 2022 apenas le clavaron la primera condena.
La venganza política contra la fiscal que destapó la olla no tardó en llegar en su momento. A Cecilia Goyeneche la persiguieron y la destituyeron en 2022 mediante un polémico juicio político impulsado por el riñón de Urribarri, buscando disciplinar a la Justicia provincial. Sin embargo, la historia dio un vuelco total: la Corte Suprema volteó ese jury y Goyeneche fue restituida con todos los honores en su cargo de procuradora anticorrupción. Tras confirmarse la detención del exgobernador, la fiscal salió recordó que "el poder no termina cuando se comete un hecho de corrupción" y adelantó que ahora el Estado irá por el decomiso de bienes para recuperar la plata robada.
La oposición entrerriana salió a festejar el fallo como un "hito histórico contra la impunidad", recordando los años en que el urribarrismo manejaba la provincia como un feudo.
El peronismo local, que en su momento se alineó detrás de Urribarri, hoy prefiere mirar para otro lado. El silencio de los sectores que antes lo blindaban delata que el exgobernador se quedó completamente solo.