La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejó sin efecto formalmente su sentencia contra la Argentina y dio por cerrada la etapa de primera instancia en el juicio por la estatización de YPF.
La resolución acata el fallo de la Cámara de Apelaciones que revocó la condena millonaria y traslada la definición final a la Corte Suprema estadounidense, que deberá determinar si acepta tratar la apelación del fondo Burford Capital. Es improbable que tome el juicio.
La magistrada puso fin a su intervención en la causa tramitada en Nueva York por la desprolija expropiación de la petrolera en 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner. Con esta orden, Preska dejó sin efecto el fallo emitido en 2023 que obligaba a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares, monto que con intereses superaba los u$s 18.000 millones.
La decisión judicial acata el pronunciamiento dictado en marzo por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, donde los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes, anularon la sentencia de primera instancia al concluir que se había interpretado de forma errónea la ley argentina.
El tribunal de alzada resolvió que la legislación de expropiación argentina impide demandas de terceros que interfieran con el proceso expropiatorio, señalando además que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que habilite reclamos por daños. La instancia de apelación ordinaria quedó agotada luego de que el pleno del tribunal rechazara un pedido de revisión en junio.
El fondo de litigios Burford Capital, financista de la demanda interpuesta originalmente por los ex accionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora (aliados de los Kirchner en su momento) y Eton Park, presentó a principios de octubre un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En su presentación, el demandante calificó la decisión de la Cámara como “gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”.
Sin embargo, la admisión del caso no es obligatoria para el máximo tribunal estadounidense. La Corte recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones anuales y suele conceder la revisión de aproximadamente 80 expedientes, sin plazos fijados para expedirse.
Al mismo tiempo, Burford abrió de manera paralela un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.
La relación entre el Grupo Petersen (propiedad de la familia Eskenazi) y los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se caracterizó por una estrecha alianza político-empresarial que marcó los negocios y la privatización/estatización de activos estratégicos en Argentina.
Con el aval de Néstor Kirchner, el Grupo Petersen adquirió el 25% de las acciones de YPF a la española Repsol (14,9% en 2008 y 10,1% en 2011). La operación se hizo sin que la familia Eskenazi pusiera capital propio: se financió a través de préstamos bancarios y de la propia Repsol, los cuales debían pagarse con los futuros dividendos que repartiera la petrolera.
En 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Estado expropió el 51% de YPF. Al cortarse el flujo de dividendos que utilizaban para pagar sus deudas, las sociedades del Grupo Petersen en España cayeron en default y quiebra.
Tras la quiebra, los derechos para litigar contra la República Argentina por la expropiación fueron adquiridos por el fondo de inversión Burford Capital, originando un millonario litigio en los tribunales de Nueva York.