Por Mario Cabanillas *
El empeño que por estos días demuestra el presidente Javier Milei para sostener a sus funcionarios más cuestionados, como Manuel Adorni, sin importarle el costo para su imagen, invita a preguntarse si esa audacia política no debería aplicarse a mejores causas. Una de ellas, sepultada por el tabú y el temor al costo político, es la situación de ilegalidad en la que se encuentran muchos militares ya ancianos que combatieron al terrorismo en los años setenta. La firmeza presidencial ante la crisis de su elenco gobernante indica que el Ejecutivo posee capital político necesario para impulsar debates complejos cuando se lo propone.
La situación de los militares, personal de seguridad y civiles confinados en prisión por hechos ocurridos en los setenta, denunciada en reiteradas oportunidades por ilegal, arbitraria e inconstitucional, no se resuelve por mera falta de voluntad política.
Del otro lado, Néstor Kirchner sí la tenía. No dudó en remover todos los obstáculos que tenía delante para que estas causas fueran reabiertas, aun si para eso debió reemplazar a la Corte Suprema, colonizar la justicia y demoler el Estado de derecho. Todo eso lo hizo partiendo de una debilidad electoral mayor que la de Milei. Desde entonces, ninguna administración mostró una determinación semejante para corregir todas esas desviaciones y restaurar la seguridad jurídica en el país.
Cuando en los primeros meses de la gestión libertaria el periodismo filtró las gestiones que llevaban adelante legisladores oficialistas para terminar con la ilegalidad de estos procesos, la respuesta del Gobierno fue el repliegue. A través de su vocero, se limitó a declarar que el tema "no estaba en su agenda". Esa cautela no solo perpetuó la llamada política de derechos humanos del kirchnerismo, que es en esencia la siembra del odio, la división y la revancha, sino que mantuvo intacta la colonización de un aparato judicial diseñado exclusivamente para garantizar condenas.
No es que Milei desconozca esta injusticia. Tanto en la campaña presidencial como en el video institucional del pasado 24 de marzo, el mandatario cuestionó las políticas de memoria del kirchnerismo al considerar que ofrecen una visión sesgada y revanchista de la historia.
El mensaje oficial del actual gobierno promovía, en cambio, una mirada que permitía avanzar hacia una reconciliación nacional. “Solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias”, señaló la Casa Rosada desde las redes sociales.
Sin embargo, mientras el debate se dilata, el factor biológico avanza de forma irreversible. Casi un millar de militares (985) han muerto ya, según el conteo que lleva la Unión de Promociones, en el marco de estos procesos. De ese total, 113 fallecieron durante el mandato de la actual gestión.
Este abandono persiste porque pocos dirigentes se atreven a denunciar las irregularidades jurídicas de esos procesos, para no desafiar el “sentido común” sobre lo sucedido en la década del setenta, inoculado en la sociedad durante cuarenta años por un sistema ideológico poderoso e intimidante, que domina la industria cultural y de la información.
La ambiciosa “batalla cultural” que prometía este gobierno se suponía que terminaría con esta visión deformante del pasado que mantiene cautiva a la sociedad y a la justicia. Sin embargo, ese frente de la “batalla cultural”, presente en el plano discursivo, en la práctica fue dejado de lado por las urgencias económicas que imponía siempre el momento. Ahora ese escenario ha cambiado, como demuestra el caso Adorni.
* Presidente del Centro de Estudios Salta