En el acto por la Masacre de Rosario que tuvo lugar ayer en esa ciudad santafesina, a 49 años de un salvaje atentado de Montoneros que dejó once muertos, la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, envió un mensaje de adhesión en el que denunció “la falta de acceso a la Justicia” de las víctimas del terrorismo y llamó a “no callar” más “ante la infamia del silencio y del relato distorsionado”.
“Hoy, a 49 años del atentado terrorista del 12 de septiembre de 1976, quiero sumarme al acto recordatorio por el asesinato de once víctimas inocentes y las varias personas heridas que hasta el presente esperan justicia, verdad y reparación”, comienza el texto de la vicepresidente, que fue leído en el acto celebrado frente al monumento a las víctimas, erigido en las calles Junín y Rawson de Rosario, donde ocurrió el ataque.
“Han sido 49 años de olvido, de dolor, de ofensas, de falta de acceso a la Justicia, pero también han sido años de resistente lucha contra la indiferencia”, agrega la nota que lleva la firma de Villarruel.
“Por eso, este hecho donde once familias fueron destrozadas merece el homenaje sincero y humilde de los ciudadanos. Por ello quiero rescatar que se siga realizando este acto recordatorio, se siga dando el lugar que merecen las víctimas y no se calle ante la infamia del silencio y del relato distorsionado”, concluye, antes de enviar un abrazo a los familiares de los asesinados y asegurar “el recuerdo para ellos y la voluntad firme de seguir trabajando para que la verdad impere”.
No hubo ninguna otra adhesión de las autoridades, pese a que los organizadores enviaron notas de invitación al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; al intendente de Rosario, Pablo Javkin; y a la presidente del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck. También se cursaron invitaciones al jefe de la Policía de la provincia y al jefe de la Unidad Regional II de Rosario, pero en la jefatura manifestaron que tenían órdenes de no asistir.
La Masacre de Rosario tuvo lugar el 12 de septiembre de 1976 cuando una célula de Montoneros detonó una bomba tipo vietnamita oculta en un Citroen 3CV, cargada de bolas de acero, clavos y materia fecal, al paso de un ómnibus policial con agentes de la Guardia de Infantería que volvían de un operativo de seguridad en un partido de fútbol. Por la onda expansiva murieron nueve agentes y dos civiles, Walter Ledesma y su esposa Irene Dib, que viajaban en un vehículo detrás.
El acto de ayer, organizado por la Asociación de Familiares de las Víctimas del Terrorismo en la Argentina (Afavita), delegación Santa Fe, convocó a civiles y a soldados conscriptos que combatieron contra el terrorismo en los años 70, que acudieron desde Mendoza, Tucumán, Buenos Aires, Entre Ríos y Río Negro. Durante la ceremonia hubo un minuto de silencio por los nueve agentes policiales y dos civiles fallecidos, se colocó una ofrenda floral y luego el presbítero Héctor Casas Silva dirigió una oración.
El doctor Javier Vigo Leguizamón, quien realizó varias presentaciones judiciales para que se declaren de lesa humanidad los crímenes de Argentino del Valle Larrabure, Humberto Viola y María Cristina Viola y Néstor Horacio López, también envió una nota de adhesión. En su escrito manifestó su “plena solidaridad con todas las víctimas de la guerrilla, convertidas por el manto de impunidad tejido por los distintos poderes del Estado en los desaparecidos de la memoria pública”.
“Es necesario no cesar en la lucha por la verdad completa y la justicia, lucha que en el mes de febrero de este año lograra un hito histórico, cuando el gobierno nacional, mediante el Acuerdo de Solución Amistosa arribado en la Petición P-1217-16 'María Cristina Picón Viuda de Viola y Otras', a través de su presidente, el doctor Javier Milei, reconociera hidalgamente la responsabilidad internacional de Argentina por la violación de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, admitiendo que el atentado sufrido por el Capitán Humberto Viola y su familia se produjo en el marco de un conflicto armado interno que fue clara y públicamente reconocido por el ERP, constituyendo un crimen de lesa humanidad”, expresó el doctor Vigo Leguizamón en su texto, que también fue leído durante el acto.
“Revisando la posición anteriormente asumida por el gobierno del doctor Alberto Fernández, el Poder Ejecutivo ha considerado que el rechazo por la justicia argentina a la denuncia formulada por la familia Viola obedeció a una visión sesgada e ideologizada que no se condice con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto niega el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del caso”, continuó.
“Se ha comprometido también el presidente Milei a someter a consideración del Poder Legislativo de la Nación un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes de las organizaciones terroristas”, prosiguió. Y añadió que una vez que sea homologado el acuerdo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “requeriremos ante la justicia argentina el juzgamiento de los autores directos y mediatos, que no fueron condenados”.