El empresario Víctor Blanco, ex presidente de Racing y ex secretario general de la AFA, se presentó en los tribunales y se desligó de la acusación contra por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos.
Blanco dejó un escrito ante el juez Diego Amarante, en el que señaló que sobre “los detalles del circuito interno para el depósito en tiempo y forma de retenciones impositivas y contribuciones a la seguridad social no estuvo siquiera enterado durante su desempeño como secretario general de la AFA”.
“He tomado conocimiento de esos detalles recién ahora, porque fue descripto por varios testigos bajo juramento en esta causa”, añadió.
Blanco sostuvo además que “las personas que diariamente gestionaban la contabilidad y las obligaciones tributarias de la AFA desconocen por completo qué funciones cumplí yo. Esto es absolutamente consistente con lo que aquí sostengo: como secretario general no tuve injerencia alguna en la operatoria de la entidad que aquí se está investigando”. Y puntualizó que su cargo en la AFA era “estatutario con funciones esencialmente institucionales”.
PIDEN UNIFICAR LAS CAUSAS
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay pidió este lunes unificar en su juzgado todas las causas por lavado de activos contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Entre ellas está la investigación por las denuncias contra la empresa Tourprodenter LLC, del empresario Javier Faroni.
González Charvay, que tiene en sus manos la investigación por la mansión de Pilar presuntamente vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, pidió a sus colegas Paula Petazzi y Luis Armella que abandonen la investigación y remitan todos los expedientes a su juzgado.
El argumento central que esgrimió el juez es la prohibición de persecución penal múltiple por los mismos hechos y explicó que él ya tramita denuncias similares sobre el desvío de fondos de la AFA al exterior y aseguró que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín le asignó competencia exclusiva en estos asuntos.
La decisión de González Charvay podría generar dilaciones en las causas, ya que si Petazzi o Armella rechazan inhibirse, el conflicto de competencia deberá resolverse en instancias superiores, como las cámaras federales correspondientes.