La Cámara Federal de Casación rechazó los recursos presentados por la expresidenta Cristina Kirchner contra el cálculo fijado para el decomiso de bienes en la causa Vialidad y quedó confirmado de esta manera que todos los condenados deberán responder de forma conjunta por casi 685 mil millones de pesos, según el fallo de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país.
La resolución fue adoptada de manera unánime por la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña quienes, en un fallo de 81 páginas, validaron tanto el monto a decomisar, como la metodología de actualización empleada, dos puntos que los defensores de la exmandataria habían impugnado.
El decomiso total que había sido fijado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 fue de 84.835.227.378,04 pesos. Pero la actualización de los valores del monto a decomisar con la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elevaron la cifra del TOF a casi 685.000 millones.
El 15 de julio, el TOF 2 dispuso “proceder de conformidad con lo resuelto en el punto XI de la sentencia dictada en autos el 6 de diciembre de 2022 y en tal sentido intímase a las personas condenadas al pago de la suma de $ 684.990.350.139,86, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez hábiles a partir de la notificación del presente”.
Tras la resolución, los abogados de la expresidenta presentaron un recurso de casación por considerar que se habían vulnerado derechos de defensa y que existió un trato desigual respecto de otros casos.
También alzaron la voz en contra de la elección del IPC como índice de actualización y calificaron la resolución como “arbitraria, infundada y contraria a su propia jurisprudencia”.
Luego de radicadas las actuaciones en la máxima instancia penal federal, el fiscal general Mario Villar, en dictamen previo, pidió ratificar el decomiso.
En su escrito indicó que la sanción se trataba de una pena accesoria vinculada al delito de fraude a la administración originado en el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante doce años de gobiernos kirchneristas.
Según expresó Villar, “la comisión de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para los partícipes ni para terceras personas”, y recordó que el decomiso, su monto y la metodología fueron debatidos en todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema, por lo que la cuestión está “firme y pasada en autoridad de cosa juzgada”.