La Cámara de Senadores debate el proyecto del Poder Ejecutivo de inviolabilidad de la propiedad privada al que el Gobierno debió recortarle el capítulo tercero que ampliaba del 15 al 25% la superficie de tierras rurales que ciudadanos extranjeros estaban habilitados a adquirir. Esa eliminación fue consecuencia de la falta de apoyo político de gobernadores peronistas y legisladores “dialoguistas” independientes que suelen aportar los votos necesarios para sancionar las normas que remite al Congreso el presidente Javier Milei.
Frente a esta situación de debilidad de los libertarios, el kirchenrismo trató de impedir la aprobación de todos los restantes capítulos de la norma por lo que pidió su vuelta a comisión, pero perdió la votación por 38 votos a 31. El debate continuó, por lo tanto, con la certeza de que el oficialismo contaba con mayoría y quorum propio para sancionar el proyecto y enviarlo a Diputados.
La estrategia opositora se limitó a partir de ese momento a tratar de extender el debate todo lo posible y a hacer blanco al Gobierno y a sus senadores de las previsibles acusaciones de “cipayismo”, “entregusimo”, “saqueo”, etcétera, y otras expresiones habituales del léxico del nacionalismo populista, aunque la habilitación de la enajenación a favor de extranjeros ya había sido eliminada de la ley.
Más allá de los artículos sobre venta de tierras, la norma regula las expropiaciones. Incluye restricciones a las declaraciones de utilidad pública de bienes privados y exige que sean indemnizados por el Estado a valores de mercado. Ese valor deberá incluir también el lucro cesante que ocasione a su propietario.
La norma regula asimismo los desalojos de inmuebles usurpados como así también los casos de incumplimiento de los contratos de alquiler. En el caso de las ocupaciones ilegales el juez puede ordenar la restitución inmediata cuando el demandante demuestre la propiedad del inmueble o del terreno usurpado. En el caso de los alquileres el locador debe notificar al locatario y, en caso de que no pague, iniciar sin más el trámite de desalojo.
La ley modifica además la ley de manejo del fuego. Los dueños de terrenos (pastizales, praderas, matorrales, etcétera) que hayan sufrido un incendio podrán utilizarlos de inmediato para cultivo, dividirlos o usarlos para fines inmobiliarios o agropecuarios. Con el régimen actual debían esperar 30 años. Para lo boques nativos incendiados se mantiene en cambio la legislación vigente: no se puede modificar su destino por 60 años.
Por otra parte, el proyecto reforma la registración de la propiedad inmueble. Modifica la llamada Ley Pierri que permite escriturar a quienes acrediten una posesión pública, pacífica y continua durante los tres años anteriores al 1 de enero de 2009. El nuevo texto reemplaza esa fecha por un tope temporal móvil. Pueden solicitar la regularización quienes acrediten una posesión pacífica durante 10 años anteriores al registro. El objetivo es que el régimen se convierta en un mecanismo permanentemente accesible.
FUERTE CHOQUE ENTRE EL OFICIALISMO Y EL BLOQUE PERONISTA
Uno de los discursos más duros fue el de la senadora rionegrina peronista Ana Marks. quien sostuvo que considerar la tierra “un bien abierto al capital, mirando solamente su función mercantil, es estar en contra del pueblo” y acusó al oficialismo de actuar como “cipayos y entreguistas”.
La legisladora también cuestionó el nuevo régimen de desalojos al advertir que el Gobierno “no tiene ningún acompañamiento para quienes no pueden pagar un alquiler”, y rechazó que la respuesta a la crisis habitacional sea acelerar las expulsiones de ocupantes.
Desde La Libertad Avanza, el senador Gonzalo Guzmán Coraita rechazó las críticas y defendió el proyecto al sostener que “la Argentina necesita reglas claras para ser un país previsible”.
“Esta iniciativa pone orden en una cuestión trascendental para los argentinos: proteger a los propietarios que fueron desposeídos de sus bienes”, afirmó.
Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto, explicó que el dictamen fue modificado y finalmente eliminó el capítulo que habilitaba cambios en la compra de tierras por parte de extranjeros, uno de los puntos que había generado mayores cuestionamientos durante la discusión previa.
Según detalló, el eje de la iniciativa quedó centrado en agilizar los procesos de desalojo y modificar la Ley de Manejo del Fuego.
“El espíritu del proyecto es simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales y garantizar el principio del artículo 17 de la Constitución Nacional, que protege la propiedad privada”, señaló.
Coto explicó que la reforma propone que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, en lugar del procedimiento ordinario vigente, con el objetivo de reducir significativamente los plazos judiciales.
Respecto de la Ley de Manejo del Fuego, sostuvo que las modificaciones buscan evitar que el propietario de un inmueble incendiado “sea doblemente castigado” por las restricciones impuestas por la normativa actual.
En representación del bloque justicialista, el senador pampeano Daniel Bensusán calificó el proyecto como “un nuevo mamarracho” del Gobierno de Javier Milei y aseguró que la iniciativa apunta a “entregar la soberanía argentina a potencias extranjeras”.
Además, cuestionó el trámite parlamentario al denunciar que los senadores recibieron el nuevo dictamen “apenas una hora antes del inicio de la reunión, en un archivo sin membrete, sin firma y con decenas de modificaciones”.