La próxima campaña presidencial no será sólo ente Javier Milei y un peronista aún indeterminado, sino fundamentalmente entre modelos. La pulseada repetirá algunos rasgos de la de 2023, pero con diferencias sustanciales.
Tres años después de su llegada al poder el presidente cumplió su promesa central de campaña -motosierra y freno a la inflación-, mientras el peronismo sigue insistiendo con su menú histórico de mayor gasto sin financiamiento, estímulo artificial del consumo y pérdida de valor de la moneda. Da igual que gane la interna Cristina Kirchner o su ex ministro Axel Kicillof o que lleguen a un arreglo sobre la candidatura. Ese es el ADN populista en cualquier latitud.
Pero, más allá de la rosca política, los datos clave para el año próximo los reveló el ministro de Economía, Luis Caputo, el viernes pasado en una conferencia de prensa que recibió muy poca difusión mediática y en la que se explayó sobre el desempeño fiscal de la administración Milei.
Según datos oficiales, en septiembre pasado el superávit secundario (después de pagar la deuda) fue de casi un billón de pesos y el primario de $1,4 billones. En los primeros nueve meses de este año el superávit fiscal equivalió al 1,2% del PBI.
Esos números, de todas maneras, no cobran su pleno significado político, si se prescinde de una comparación fundamental. En septiembre de 2023, es decir durante la campaña de Sergio Massa, ministro de Economía y candidato peronista impuesto por Cristina Kirchner, el déficit secundario resultó de casi $2,8 billones. El “plan platita” funcionaba a toda máquina como anzuelo electoral.
Pero los planes “platita” terminan más tarde o más temprano por volverse contraproducentes para quienes los promueven. Por ejemplo, en estos días arden las ciudades francesas por puebladas a causa del costo de vida. Francia es el mayor estado de bienestar de Europa, pero tiene una monumental crisis fiscal que llevó a su gobierno a recortar gastos, entre otros, de educación. El déficit es de más del 5% del PBI y supera los 150 mil millones de euros. Pero el estado francés no comenzó a “fondear” ayer. Venía gastando más de lo que recaudaba desde hacía varios años hasta el punto que acumuló una deuda pública de 120% de su PBI.
En España ocurre algo parecido. El socialista Pedro Sánchez tuvo que presentar su renuncia porque quiso frenar las protestas por el costo de los alquileres en Madrid expropiando viviendas y no le salió. El socialismo con casi una década en el poder tiene un déficit fiscal crónico (2,7% del PBI para este año) y una deuda equivalente al 100% del PBI. No es Francia, pero anda cerca.
Conclusión: la pérdida de control fiscal deriva indefectiblemente en pérdida de control político. Puede tardar ocho años en un país y ochenta en otro, pero es finalmente insostenible. Por eso la oposición nativa intenta forzar desde el Congreso a que el gobierno gaste sin financiamiento genuino. Por eso esa cuestión será la central de la campaña que viene.