En una entrevista realizada hace unos días por el politólogo y escritor Agustín Laje en su canal de YouTube, a la Dra. Neydy Casillas, vicepresidenta de Global Center for Human Rights, reveló que la actual vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la argentina Andrea Pochak, quedó expuesta en un caso de conflicto de intereses y probablemente de corrupción en la administración pública.
¿QUIÉN ES?
Andrea Pochak es una abogada argentina que trabajó durante varios años para el CELS de Horacio Verbitsky, del cual fue directora adjunta, y que luego fue nombrada funcionaria durante el gobierno de Alberto Fernández en la Secretaría de Derechos Humanos, como subsecretaria de Protección y Relaciones Internacionales durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti.
Según lo expuesto en la entrevista por la Dra. Casillas, Andrea Pochak demandó al Estado argentino durante su gestión en el CELS por el "Caso Catella" (Marta Susana Catella, ex jueza del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones, destituida en 2006).
Luego, como funcionaria del gobierno de Alberto Fernández, al recibir el caso que ella misma había presentado como demandante, debió excusarse. "Nunca se excusó, nunca se retiró y no solamente eso, sino que además omitió varias pruebas que afectaron enormemente al Estado argentino".
"Como abogada del Estado, nunca envió a la CIDH las pruebas que había para defender al Estado argentino".
"Si esto se hubiese sabido antes, ella no tendría las credenciales para ostentar el cargo que hoy ocupa para ser comisionada".
Esta situación quedó expuesta en la audiencia de la CIDH del pasado 12 de marzo, por los representantes argentinos que, entre otros conceptos, dijeron lo siguiente: "La Secretaría de DD.HH. de la gestión anterior" (gobierno de Alberto Fernández) "mantuvo toda la información que mandó la parte peticionante y luego se le remitieron tres cajas, 30 kg con todos los documentos que la provincia de Misiones trajo gentilmente para que pudiera valorarse una eficaz defensa del Estado argentino".
VIDA, FAMILIA y LIBERTAD
Global Center for Human Rights es una OnG con sede en Washington D.C. cuyo objetivo es proteger los derechos fundamentales -vida, familia y libertad- en los organismos internacionales, y la soberanía de cada nación. Esta organización ha seguido muy de cerca la investigación en la mencionada audiencia, que se llevó a cabo en Washington D.C.
La Dra. Casillas sostiene que la comisionada argentina puede ser acusada de prevaricato, además de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. También destacó que para ser miembro de la CIDH -comisión que forma parte de la OEA y está compuesta por siete miembros- el reglamento exige que los comisionados sean "personas de alta autoridad moral".
Ante el evidente conflicto de intereses y las posibles causas penales que pueda enfrentar Pochak, se genera, obviamente, una pérdida de credibilidad. Además, recordó que el mencionado CELS tiene financiamiento directo de la Open Society Foundations de George Soros y de la Fundación Ford, y que estos magnates también habrían colaborado con la CIDH, como lo han hecho asimismo algunos gobiernos.
DENUNCIA PENAL
Andrea Pochak fue denunciada penalmente la semana pasada por "graves hechos de corrupción administrativa".
La presentación pide que se investigue a Pochak por posible abuso de autoridad, violación de deberes de funcionaria pública, prevaricato, negociaciones incompatibles y administración fraudulenta por el eventual daño económico causado a la Argentina.
La denuncia fue radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, luego de que se difundiera una audiencia de la CIDH del 12 de marzo durante una entrevista del politólogo Agustín Laje a Neydy Casillas, de Global Center for Human Rights.
Durante esa audiencia, los representantes del país advirtieron que la Argentina había permanecido "durante años en una situación de absoluta indefensión" durante la gestión del gobierno anterior. Se señaló que el área estatal encargada de responder ante la CIDH estaba dirigida, en ese momento, por "una funcionaria que había intervenido previamente en este mismo caso, pero como representante de la peticionaria y miembro de la organización que promovió la denuncia".
El funcionario advirtió además que la persona involucrada ocupa actualmente "un cargo de altísima responsabilidad dentro del propio sistema interamericano de derechos humanos", en clara alusión a la cuestionada comisionada argentina.
Asimismo, destacó que no existía constancia alguna de excusación o apartamiento de esa funcionaria pese al evidente conflicto de intereses, y subrayó que durante ese período hubo una "inacción absoluta e inexplicable" por parte del área competente, que habría omitido enviar treinta kilos de expedientes a la CIDH para la defensa del Estado argentino.
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