La columna defiende los principios que enarboló Javier Milei en su campaña presidencial y que él y Mauricio Macri definen como “el cambio” desde que el actual presidente era un niño, y desde que el expresidente era un prebendario, tal vez hasta con mayor profundidad, vehemencia, constancia y coherencia que los dos mandatarios.
Eso, es de esperar, la pone a salvo para poder verter sus opiniones sin que muchos que acaban de descubrir que la economía no se maneja con un paquete de ecuaciones, ni de leyes, ni de voluntarismos, sino que es función directa de la acción humana, descalifiquen sus opiniones por ignorante, esgrimiendo como argumento profundo su capacidad de retención urinaria o su supuesta condición de “kuka”, de ”mandriles" o de “ustedes”, mecanismo que usan los fanáticos de LLA cuando creen que algo les está saliendo razonablemente bien, o al menos lo parece.
Alentados por el resultado favorable de las elecciones de medio término, que alejó el riesgo del veto al veto y de la destitución legislativa y que mejoró considerablemente el balance del Congreso, las dos primeras leyes “para el cambio” que se anunció se procurará sancionar son la del Presupuesto y la reforma laboral.
En ambos casos, objetivos indisputables. El problema es cómo y qué se intentará lograr aprobar.
El Presupuesto es de más que imprescindible aprobación luego de dos años de usarse el Presupuesto de 2023, con cifras irreales debido a la inflación, que puso en manos de cualquier presidente una masa de recursos que podían ser usadas con gran discrecionalidad. Eso facilitó el ajuste, pero no la institucionalidad. Su discusión pone en evidencia la irresponsabilidad provincial y municipal en el manejo fiscal, la corrupción escandalosa, la feudalización e inacción provincial desde 1853 de los gobernantes y los pueblos para explotar los recursos propios y proveer a su sustento.
Siempre esas han sido la razón principal de los desequilibrios fiscales, de parte importante del endeudamiento, del ataque impositivo contra la producción y de buena parte del contubernio político-empresario, lo que se agravó en los años en que la coparticipación dejó de ser automática y se transformó en dádivas del PEN, que llevó a lo que trágicamente se llama sistema impositivo, caracterizado por la impunidad recaudatoria y confiscatoria de las provincias e intendencias.
El Presupuesto, al incorporar los efectos de la inflación pasada y aumentar así los montos coparticipables, permitiría aliviar las escandalosas e inconstitucionales cargas provinciales, pero eso no forma parte de la discusión de la ley de presupuesto. Con lo que, quiera o no el Gobierno, se van a tener que discutir por aparte los esos compromisos, que requerirán leyes provinciales y nacionales. Entre ellas la de Coparticipación Federal, casi una utopía.
Aprobar la ley de Presupuesto sin esos recaudos simultáneos es de una inocencia o complicidad con los gobiernos provinciales y las intendencias que resulta inexcusable. Por eso entre otras razones la columna ha venido sosteniendo que no se pueden discutir estas leyes del cambio separadamente y en momento distintos.
Si se intentase reformar las alícuotas o eliminar impuestos nacionales surge el mismo problema. Las provincias pugnarán porque no se eliminen o reduzcan los impuestos coparticipables, o si se lo hace, que se conviertan otros impuestos hoy no coparticipables en coparticipables. Difícil imaginar cómo se hará eso en momentos diferentes sin que eso sirva para garantizar la irresponsabilidad y dispendio provincial. Tampoco está claro cómo se logrará la prometida eliminación de tantos impuestos nacionales y provinciales sin la reforma simultánea de la ley de coparticipación, a menos que se espere que las provincias alquilen la motosierra y la licuadora que usó Milei y las usen en tiempo récord. El equivalente a un RIGI para las Pyme está lejano, si está.
El Gobierno confía en que logrará persuadir -mediante la proverbial dadivosidad de Santilli y alguna concesión a la Primera presidiaria- a la oposición amiga y enemiga para lograr la aprobación de estas leyes. Habrá que ver la profundidad y trascendencia que se logra vía los cambios que se supone copernicanos con estos argumentos y sin tratar en conjunto todas las leyes que también obliguen a las provincias.
Dentro del Presupuesto están las obras que se supone debe hacer la Nación en territorios provinciales, que ya tienen el lamentable preludio de la ruta del Mercosur, que amenaza ser construida con financiamiento estatal por los mismos privados que tuvieron deslumbrante actuación como imputados y arrepentidos en la Causa de los cuadernos, cuyo juicio acaba de empezar. (Rara convicción libertaria)
Para resumir, en la ley de Presupuesto el Estado nacional toma todas las obligaciones y las provincias y municipios no toma ningún compromiso que se les pueda oponer jurídicamente, garantía de despojo seguro a la producción, el comercio y el consumidor. Libertarismo con nada de calle, diría un arrabalero. Pero el Gobierno cree que no es necesario tratarlo simultáneamente con la ley de Coparticipación a la que obliga con tan poca suerte la Constitución de 1994.
Hay derecho a no creer en la eficacia de semejantes reformas. No hay contrapartida ni compromiso válido provincial. Los inversores serios, si los hubiera, deberían tomar nota.
La otra reforma que se persigue es la laboral. Designación ampulosa y de relativa importancia. Hay dos grandes causas que mueven a las contrataciones informales o en negro, además de otras diversas. La primera es el negocio del fuero laboral en la que participan abogados de ambas partes, trabajadores, jueces y camaristas: las causas se estiran eternamente con todo tipo de excusas, inclusive las apelaciones sistemáticas para que los ajustes por intereses y en su momento inflacionarios terminen representando varias veces el monto demandado. A ello se suman las multas siderales. Eso hace que todo juicio sea largo, y que al final sorprenda a las empresas con un monto que las quiebra sin remedio. Los ingresos se reparten entre los actuantes por su orden, como diría un escrito judicial.
Hay un criterio que pomposamente se llama in dubio pro operario, que supuestamente protege al trabajador al que se supone estúpido, que tiende a darle la razón al demandante. Se ha extendido en el fuero local a “el obrero se tiene que llevar siempre algo”. Es conocido hasta por los ordenanzas de Tribunales.
Nada de todo eso está previsto en la ley. Sólo el pago en cuotas de los ajustes, que no hace nada más que demorar el calvario de la quiebra un año, si lo demora. La quiebra posterior es a su vez otro negocio, que involucra a los síndicos y al juez. También lo saben los ordenanzas.
El resto de todos los avances que se manejan son interesantes en muchos casos, bajan algunos costos, permiten alguna flexibilidad en las grandes empresas, otros no sirven para nada ni son necesarios si se insiste en el globo de ensayo inicial y estúpido de estirar las horas de trabajo o el vale de comida, un autosabotaje que se debió esconder precipitadamente. El fondo para indemnización es inaplicable y debería ser intrascendente si se resuelve el problema de la industria del juicio. La ley corre el riesgo de ser una de las tantas desregulaciones que no lo fueron, o que en la práctica no se aplican, o se aplican de otro modo. Ayudaría la baja de aportes pero, nuevamente, ese punto requeriría ser tratado, junto con otros, dentro del cambio del sistema de jubilaciones también postergado. (De paso encararía la manera de remediar la injusticia de las jubilaciones sin aportes, más numerosas que las legítimas y a costa de ellas, la peor rapiña de todas, además eternizada y mejorada por este gobierno)
Varios de estos temas ya se han analizado aquí. Pero habrá que repetir los conceptos hasta que se digieran.
Van a hacer falta muchos sacrificios del Gobierno para aprobar estas leyes, aun limitadas en sus efectos. Algo particularmente complicado cuando al mismo tiempo se intenta mantener el equilibrio fiscal y bajar impuestos. Aún sería difícil aprobar las leyes del cambio con estos formatos superficiales contando con mayoría propia. Y nuevamente, si bien en algunos aspectos pueden significar un cambio de orientación y un principio de avance, no parecen alcanzar para liberar la capacidad empresarial y la vocación de riesgo que mueva a la inversión.
Salvo que se trata de contratistas del Estado, con el disfraz jurídico que se prefiera, para quienes todos los vientos son siempre favorables. El cambio, por ahora y hasta que se demuestre lo contrario, es un eslogan. Es de esperar que el Gobierno no tenga que pagar mucho para lograr tan poco.