Una gran mayoría se hace la pregunta del título, más allá de cualquier idea política o ideología que cada uno sostenga o prefiera. Tiene mucho sentido hacérsela. Las crisis acumuladas de todo tipo que ha sufrido el país en el último siglo movilizan la duda. Una espiral loca de impericia, improvisación, demagogia, irresponsabilidad, golpes de estado con tendencias y estilos varios, que incluyen etapas pronazi, mussolinianas, dictatoriales con o sin elecciones, pasando por una guerra supuestamente épica contra el Reino Unido, con manoseos legales y jurídicos de todo tipo, que culmina en la sinusoide fatal y sin freno del último cuarto de siglo que ha puesto al país de rodillas, o más bien lo ha dejado arrastrándose.
La pendiente final del último cuarto de siglo es también la resultante de los errores, omisiones, prédicas, doctrinas, complicidades, prebendas, populismos, facilismos, fanatismos, sistemática destrucción de los valores nacionales, hasta del sentimiento mismo de Patria, concepto que hoy pareciera una manifestación romántica, débil y meliflua, donde se mató a huelgas y sensibilidad exprés la gran riqueza diferencial de la educación escolar y la educación familiar, hechas trizas deliberadamente.
Una sociedad sin nadie que la unifique, o más bien dividida adrede, con un idioma cada vez menos común, tajeada en cientos de grietas, desde el narcotráfico al asesinato fácil, desde la informalidad y el juicio laboral a la marginalidad, desde la incultura a la ignorancia total, sin moneda, sin ahorro, sin confianza de cada uno en sí mismo ni colectivamente, sin coraje, sin grandeza y sin sueños, salvo el de vivir sin esfuerzo ni empeño y enriquecerse a cualquier precio.
Lo que empezó siendo la corrupción disimulada y tolerada del proteccionismo y la prebenda, estalla hoy en una corrupción rampante del sistema político, de las empresas, del sindicalismo, una corrupción multipartidaria, multisectorial y desenfadada. Cuando la ciudadanía se sorprendió con la llamada Causa de los cuadernos, que mostró apenas una puntilla de las enaguas del delito grande, no hizo nada más que ejercer su hipocresía. Este latrocinio acumulado impera desde hace mucho en el país. Los políticos ahora simplemente quieren participar. Como se está viendo en el caso del regalo de tierras a los mapuches, están dispuestos a vender su honra al precio justo.
Se puede argumentar, con una cierta dosis de verdad, que tal situación ocurre en buena parte del planeta, y que eso justifica las concesiones populistas con que se coimea al votante y al ciudadano en el mundo entero en busca de perdón, permiso y anuencias. Pero eso no torna el hecho en tolerable. Y para un país de una economía que debe ser abierta y libre, como Argentina, tampoco quita gravedad a las consecuencias que se sufren.
El fatídico grito de “que se vayan todos”, conque la gente condenó la estafa de 2001, fue y es rápidamente condenado y ahogado por los políticos, que rápidamente salieron a gritar y a matonear que ese pensamiento atentaba contra la democracia y la república, justamente los mismos personajes que a cada paso se ríen de la democracia, la representatividad y el republicanismo. A todos los efectos, los políticos son un sindicato más. Los gordos de la política. Ganapanes en busca de un puesto, que luego se ceban y ceban a sus entornos, incapaces de hacer lo que deben o al menos lo que prometen. El poder por el poder mismo. En otros términos, el poder para manejar el dinero. El poder de la caja.
Este prolegómeno no intente ser una descripción acabada de la situación, porque entonces debería ocupar varios diarios, opción no disponible. Lo que intenta es explicar por qué es procedente la duda que se esboza en el titular de esta nota: “¿Tiene arreglo esto?”
La respuesta es contundentemente sí. Pero si y sólo si se dan algunas condiciones fundamentales, que conlleva la eliminación de cuajo de las causas que han traído a la Nación a la triste y ridícula situación en que se encuentra, y le ha quitado toda esperanza a la sociedad productiva, trabajadora y decente argentina. Si eso no se logra, el país tenderá a una dictadura porque la única manera que tendrá su clase política de perdurar será dando manotazos a los patrimonios privados, lo que tiene límites y consecuencias instantáneas, y forzar al racionamiento, la pérdida de calidad hasta la miseria de todos los servicios y sistemas, la destrucción de la inversión y el empleo, la inseguridad en manos del estado y la sofocación de toda protesta con prepotencia. De ahí al fraude electoral y a la tiranía hay centímetros.
Comiéncese por comprender que no hay manera de solucionar el entuerto dejando en pie el negocio de la corrupción. Y no sólo por una cuestión ética. Véase el problema monetario, que tanto preocupa con su manifestación más visible, la inflación. Además de la irresponsable y delirante propuesta de Cristina Fernández de “repartir platita”, la coima electoral en el formato más puro y la forma más eficaz de destrozar la moneda, a medida que aumenta el gasto del estado aumentan tanto la inflación como la corrupción. La primera, porque más allá de la mentirosa afirmación de que tiene orígenes multicausales, la correlación entre la emisión por encima del aumento de la actividad general está largamente probada y medida. La segunda, porque los políticos necesitan manejar un gasto creciente para quedarse con poder, comisiones y negocios.
Si además esos gastos involucran el accionar de empresas privadas el tema es aún más grave, porque permite el negocio de las licitaciones, los juicios al Estado, las licitaciones dirigidas, las concesiones adjudicadas sin licitación por tiempos ridículos, tan ridículos como las explicaciones que se dan para justificarlo. Cuando se habla al voleo de bajar el gasto, la respuesta suele ser que se afectará a los jubilados (Falso, ya suficientemente afectados) a los empleados del Estado (Falso, si se analiza la composición del gasto) a la salud pública (Ya destruida y saqueada por el sistema estatal, de Obras Sociales y por el PAMI y hasta por la injerencia del Estado en las prepagas) Nada de eso es cierto.
Por eso la primera acción que debería tomar un gobierno en serio, y serio, es revisar todos los presupuestos en base cero, en todas las jurisdicciones. Eso incluye el análisis del análisis salarial de los quintiles más altos salariales, donde se esconden los hijos, entenados y amantes de varias capas de políticos, a lo que hay que sumar los viáticos, gastos, tercerizaciones y otros robos que efectúan. Las tercerizaciones, por caso, deberían ser erradicadas totalmente del sistema presupuestario estatal, por ser la fuente más directa y fácil de falsificar gastos que paga la sociedad sin ningún nivel de control.
Nada de eso podrá hacerse si no se dispone de una amplia mayoría no venal de legisladores, o de intendentes, o de gobernadores, por donde huye a raudales la riqueza y la decencia nacional. Por supuesto que, si eso no se logra, todas las soluciones son inviables, o injustas, o inmanejables. Alguien debe analizar todos los contratos entre privados y el estado. Para ver cómo se han licitado, o si se han licitado, los juicios que originó y están pendientes, cuántos de ellos se han perdido deliberada y alevosamente. La administración pública es una cueva de ladrones, a medias con un cierto sector privado. El escándalo de los negocios con un “laboratorio argentino” que supuestamente fabricaría la vacuna rusa contra el Covid, merecería un juicio sumarísimo con penas innombrables.
Pero esto se aplica a todos los negocios del Estado con privados. Recuérdese que todavía la sociedad aguarda el resultado de la investigación sobre los iluminados que compraron dos días antes del anuncio del manosanta Sergio Massa los mismos bonos que serían recomprados para bajar la inflación y mejorar el riesgo país. No sólo nada de eso se logró, sino que unos prebendarios (y sus socios estatales) se enriquecieron en esa instancia. ¿Sabe, lector, cuántos negocios se hacen con el Estado, cuántas rutas inútiles se construyen o no se construyen, da lo mismo, cuántos juicios se pierden porque el Estado los quiere perder, o expropia mal o incumple deliberadamente? Antes de echar al primer tinterillo (burócrata, para que no tenga que googlear), debería bajarse el robo, que tiene mucho menos consecuencias sociales, montos fabulosos y una justificación ética irrefutable.
¿Alguien cree que eso es posible con el actual sistema político, con los actuales protagonistas, con el sistema judicial y hasta jurídico que nos rige y con los piqueteros empoderados y rentados que creen que tirar piedras y quemar autos es su trabajo? ¿Alguien cree que es posible resolver el dilema de la generación energética nacional con las tarifas regaladas?
Se han analizado varias propuestas de dolarizar la economía para reestablecer la confianza sobre la moneda. Muchas de ellas son bien pensadas y técnicamente aplicables. Se trata en definitiva de crear otra clase de cepo. De impedir que quien gobierna se apodere de los dólares de los privados y los pague a 20 valores distintos. O que los gobernadores e intendentes no se endeuden como ocurrió en la época de la Convertibilidad, o que se elimine el déficit. Y volviendo al déficit, al decir “que se elimine”, no debería creerse que la manera de hacerlo es en el estilo Guzmán–Massa, es decir estafando jubilados con aportes legítimos, usando la inflación como modo de licuar el gasto y lo que cada uno tiene para vivir, o subiendo e inventando impuestos hasta que las cuentas cierren. Es analizar el gasto histéricamente, concienzudamente, como se explicaba más arriba. No bajar ni los maestros, ni los bomberos, ni los médicos, ni los enfermeros, bajar los amigos privados del estado y sus negocios que son inconmensurables, eliminar el robo, la estructura que han sabido crear los políticos en sociedad.
Sin eso, la dolarización es otra teoría, otra ficción. El problema es la corrupción. No es monetario, ni financiero. Es económico, porque hay millonarios amigos colgados del petróleo, de la energía, del agua potable, reyes del cloro, como diría con sumisión el periodismo bueno. No hacen falta economistas. Hacen falta contadores especialistas en presupuestos.
¿Se puede hacer eso, y mucho más? ¿Se puede auditar a Aerolíneas y parar el robo, además del dispendio seudolegítimo? ¿Se puede auditar la Anses, se puede echar a la mitad de los funcionarios de alto rango? ¿Se puede revisar el pasado y futuro de las licitaciones, de las contrataciones, de los juicios entongados que el estado sigue y seguirá perdiendo dentro y fuera del país? ¿No se aprendió lo suficiente de la metodología con la Causa de los Cuadernos? ¿Se aprovecharía una dolarización para abrir el mercado, o se seguirían haciendo gasoductos con los tubos más caros del mundo?
¿Se puede usar probono a los estudios privados para auditar el sistema estatal en todas las jurisdicciones? ¿Se juzgarán, sancionarán y publicarán los delitos contra la comunidad? ¿Se execrará a los ladrones públicos o los acogerán los medios en sus programas y la sociedad en sus recepciones y sus alcobas?
Y saliendo de lo presupuestario, ¿se puede recrear un sistema donde no sean los sindicatos docentes los que manejen la educación? ¿Dónde el que trabaje en serio gane más que el que no trabaja? ¿Dónde el sistema de salud responda a criterios médicos? ¿Dónde se dejen de autorizar monopolios de servicios con participación solapada de los políticos & amigos? ¿Dónde no se regale el territorio patrio a neoguerrilleros, en cualquier jurisdicción, y que hacerlo sea traición a la Patria? (Con perdón)
Nada de esto es ignorado por la nueva clase política. Ni por los profesionales que la rodean y cobran de ella. O del contribuyente. Retomar la confianza es reducir al mínimo la corrupción pública, no emitir nuevas monedas. O no sólo emitir nuevas monedas. Los presupuestos de prácticamente todas las jurisdicciones son alevosos atentados contra la honestidad contra la lógica y contra la confianza. Y, sobre todo, contra el ciudadano. Sólo un loco o un ladrón invertiría en Argentina. Con justa razón. Por eso tantos deben coimear al votante para que les perdone tantos pecados.
Sí, esto se arregla. Pero no como quieren que se arregle. Y no con propósitos, sino explicitando los planes y las acciones. Pero ahora. Votando un plan detallado, no una declaración de principios o una declamación bien hilvanada. El compromiso no debe ser sólo de los candidatos. Debe ser de toda la sociedad. De lo contrario la respuesta es no, no tiene arreglo.