Era un paso de riesgo calculado. Derogar un decreto del gobierno macrista que ponía a las Fuerzas Armadas ante la posibilidad, aunque lejana, de realizar tareas de seguridad interior combatiendo el narcotráfico sería bien recibido entre los jefes militares. ¿Por qué? Porque la conducción militar siempre consideró que involucrarse en esa tarea conlleva el riesgo de sufrir casos de corrupción en sus filas tal como ha ocurrido en otros países. No sería descabellado afirmar que el ministro Agustín Rossi conocía ese pensamiento militar desde su anterior paso por el Ministerio de Defensa entre mayo de 2013 y diciembre 2015.
Pero hay una cuestión principal a la que Rossi le puso el ojo. El decreto derogado, número 683 de 2018, hablaba de "agresiones de origen externo''. Rossi estimó que había allí una ambigüedad que podría llevar a considerar al narcotráfico como una agresión externa y habilitar a las FF.AA. a intervenir en cuestiones de seguridad interior. El nuevo decreto, número 571 de este año, restableció la vigencia del decreto 727, de 2006, que se refería a "agresiones de origen externo perpetradas por Fuerzas Armadas pertenecientes a otros Estados''.
La reacción de la oposición no se hizo esperar. Legisladores macristas dijeron que "esto nos retrasa a una normativa de hace 15 años" y deslizaron que nos acerca al modelo de Venezuela. Rossi lo rechazó de plano. Aceptó que Venezuela utiliza a sus militares en cuestiones de seguridad interior, pero
De todos modos, en el ámbito militar esto no parece estar en el centro del debate.