El conflicto por los despidos de casi 200 trabajadores en las plantas bonaerenses de Munro y Baradero de la empresa Atanor continúa abierto luego de las dispares resoluciones adoptadas ayer por los ministerios de Trabajo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires tras la negociación con la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Química y Petroquímica (Festiqypra).
En el caso de los 100 cesanteados en la planta de Baradero la cartera laboral bonaerense dispuso la conciliación obligatoria por 15 días, mientras que con referencia a la planta de Munro, donde fueron despedidos 80 trabajadores, durante una audiencia celebrada ayer en la sede de la cartera nacional, no hubo acuerdo y se convocó a una nueva audiencia para el miércoles próximo al mediodía.
El secretario adjunto de Festiqypra, Diego Salas, informó hoy a Télam que "representantes gremiales y los trabajadores de Munro bloquean desde ayer las instalaciones de esa planta", a la vez admitió que rechazaron "la conciliación obligatoria porque durante su duración la empresa no quería a los empleados dentro de la empresa".
Salas, tras indicar que "una cosa es una conciliación obligatoria que retrotrae la situación con los trabajadores dentro de la planta y no afuera", insistió en que el sindicato quiere "la reincorporación de todos los trabajadores y la continuidad de las fuentes laborales".
El conflicto se suscitó en la noche del martes, cuando los trabajadores de las plantas de Munro y Baradero recibieron de parte del personal de seguridad un volante comunicando el despido y "los acompañaba hasta las puertas de los establecimientos".
Notificada la Federación Química, cuyo secretario general es Rubén Salas, se decidió intervenir bloqueando ambas plantas y por la tarde concurrieron sus autoridades a la sede laboral de la avenida Callao 114 a una audiencia de conciliación, que finalmente fracasó, por lo que las autoridades del ministerio decidieron convocar a una nueva audiencia para el miércoles de la semana próxima, a partir de las 12.
Atanor tiene dos plantas más en la provincia de Buenos Aires en el partido de Pilar y la cordobesa de Río Tercero y produce resinas y derivados de metanol. La firma decidió cerrar esas dependencias porque quiere "concentrar el negocio de los agroquímicos y la protección de cultivos", informaron fuentes de la empresa.