Por Pablo Francisco Arancedo
Si alguien quiere ir contra la casta política, nada mejor que convocar una Convención Constituyente para dejar sin efecto distintos institutos aprobados por la reforma constitucional de 1994 como consecuencia del pacto de Olivos de Menem-Alfonsin.
La reforma de la Constitución nacional en 1994 aumentó en forma estructural el gasto público nacional. También, con la consagración de derechos progresistas, aumentó el costo operativo de la actividad privada.
Para limitar sus dañinos efectos económicos es necesario:
1) Eliminar la Defensoría del Pueblo de la Nación, que tiene origen en Suecia. Su función no integra la forma de gobierno republicana. Sus funciones se duplican con las del Poder Judicial y organismos de control como AGN o SIGEN. Según presupuesto del 2025 gastó más de $ 29.000 millones.
2) Eliminar el tercer senador nacional que desnaturalizó su función de representación de la provincia. Su aprobación solo respondió al anhelo del partido radical de tener un piso de 24 senadores. El tercer senador no representa a la provincia sino, al partido político de la minoría, al segundo.
La pobre Nación Argentina pasó de 48 a 72 senadores. Ya no entran en el palacio del Congreso. Según el presupuesto 2025 la cámara de senadores gastó 163.000 millones de pesos. Si divido por 72, cada senador le costó a la Nación $ 2.263,88 millones de pesos.
3) Eliminar la jefatura de gabinete, de origen europeo, esa función no existe en la Constitución de Estados Unidos modelo de la nuestra. Es una suerte ministro delegado con funciones de organización y coordinación del gabinete de ministros. Según el Presupuesto 2025 gastó a la Nación $ 1.3 billones de pesos. Ni idea cuantos ceros son.
4) Eliminar del rango constitucional los derechos “progresivos” que privilegian a sectores particulares, en violación al artículo 16 de la Constitución Nacional que eliminó prerrogativa de sangre y consagró la igualdad de trato ante la ley. Aumentó el gasto público y tornó mucho más costosa e ineficiente la actividad privada.
Nuestro control de constitucionalidad es solo para el caso concreto tiene alcance particular no es erga omnes. No existe en nuestro derecho el control de constitucionalidad abstracto como en el sistema de Estados Unidos.
5) Para equilibrar el sistema electoral y el federalismo es necesario restablecer el Colegio Electoral. Volver a la votación indirecta, tal como era antes de la reforma del 1994. Es una aberración haber eliminado el colegio electoral. Ello tiene por efecto otorgarle un fenomenal peso electoral a la provincia de Buenos Aires su población prácticamente define el resultado de la elección nacional. Ello afecta el federalismo y al sistema democrático al privilegiar la mayor densidad demográfica.
6) Eliminar el Consejo de la Magistratura ineficiente y muy oneroso. Es el paraíso de la rosca, mucho más ineficiente y caro que el anterior sistema de elección de ternas de candidatos. El consejo de la magistratura se integra con 20 representantes del PEN, Poder Legislativo, Judicial, abogados y universidades etc.
Según presupuesto 2025 gastó más de $ 374.000 milloes de pesos.
7) Incorporar la obligación de las autoridades federales y provinciales a mantener el superávit fiscal bajo apercibimiento de resultar una causal de remoción.
8) Incorporar la obligación de las autoridades legislativas federales y provinciales de legislar con su respectivo presupuesto.
Además de lo anterior el Gobierno nacional bien podría invitar:
* A Los gobiernos provinciales a reformar sus respectivas constituciones para la sustitución de sus poderes legislativos con la integración y representación de seis poderes legislativos regionales: NOA, NEA, Mesopotamia, Pampa, Cuyo y Patagonia.
* Al gobierno de la Provincia de Buenos Aires a reformar su Constitución para que su poder legislativo sea unicameral. Los senadores representan a sus provincias y la cámara de diputados al pueblo de la provincia. La pregunta que cae de maduro es: ¿A quién representa la cámara del senado de provincia Buenos Aires?.
Según el presupuesto 2025 la cámara de senadores de la Provincia Buenos Aires gastó $ 47.000 millones de pesos. ¡Vamos Chocolate!
En síntesis, la sumatoria del gasto estructural por la reforma de la Constitución Nacional del 1994 es francamente millonaria y evitable. Mantener ese gasto extraordinario es una pesada mochila para la Nación y para la actividad económica privada de la República Argentina.